La principal investigadora de justicia juvenil del estado, quien escribió el año pasado un informe extremadamente crítico acusando a algunos de los amigos más cercanos de la jefa de la agencia de malos manejos financieros, está sin trabajo después de una carrera de 25 años en el gobierno estatal.

La semana pasada, la secretaria del Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) Wansley Walters informó al gobernador Rick Scott que se proponía despedir a la principal vigilante de su agencia. La inspectora general Mary Roe Eubanks ocupaba ese puesto desde el 2004, y llevaba casi 25 años empleada en el gobierno estatal, con 10 años en investigaciones de las agencias estatales. Eubanks fue puesta bajo licencia administrativa pagada en lo que se aprobaba su despido.

En la tarde del miércoles, Eubanks acabó con el suspenso: ella escribió a Walters una breve nota anunciándole su renuncia y mencionando su deseo de “tener más tiempo que pasar con mi familia”. Walters aceptó la renuncia, dijo un portavoz de la agencia.

En un memorándum enviado a Eubanks el 4 de junio, Walters dijo que la inspectora general estaba siendo despedida “debido a una investigación pendiente”. Ella no dio detalles sobre la naturaleza de la pesquisa.

C.J. Drake, portavoz del DJJ, dijo el jueves que Walters no estaba respondiendo de ningún modo a presiones políticas, o a lealtad a sus amistades, al pedir el despido de Eubanks.

Walters “no consideró la posibilidad de tomar medidas de personal” contra Eubanks “hasta que Eubanks se convirtió en objeto de una investigación por parte de la inspectora general en jefe”, dijo Drake.

Eubanks había estado ganando $92,475.50 al año, dijo Drake. Según las leyes estatales, diseñadas para proteger a los inspectores generales de las presiones políticas, los jefes de agencias no pueden despedir unilateralmente a sus inspectores generales sin la aprobación del gobernador.

El despido de Eubanks del departamento tiene lugar justo después de una de las disputas más polémicas de la agencia: como principal investigadora del DJJ, Eubanks reportó que una compañía privada dirigida por Vicki López Lukis, una de las amigas más íntimas de Walters, había malgastado más de $111,000 en fondos de los contribuyentes destinados a niñas delincuentes en centros de detención de la agencia. López Lukis objetó enérgicamente a las conclusiones del informe, y se quejó al gobernador Scott de que ella no había recibido copia del mismo antes de que se terminara.

Según las leyes estatales, se supone que los que sean objetos de estas pesquisas deben recibir una copia de las conclusiones de la agencia para responder antes de que se termine el informe.

En noviembre, en respuesta a las preocupaciones de López Lukis, Scott ordenó que se retirara la investigación de la inspectora general del DJJ, definiéndolo como un “borrador” y no un informe terminado. La inspectora general en jefe de Scott, Melinda Miguel, ha estado volviendo a investigar el asunto desde entonces.

Lane Wright, vocero del gobernador, no respondió a preguntas de The Herald acerca del estatus de esa investigación.