Bogota -- /

La aprobación por el Congreso de una reforma constitucional que permitiría futuras negociaciones de paz es un mensaje del presidente Juan Manuel Santos a las guerrillas izquierdistas de Colombia, alzadas en armas desde hace casi medio siglo, consideraron expertos este viernes.

La iniciativa, promovida por el gobierno de Santos, introduce la posibilidad de conceder beneficios como la suspensión de la ejecución de penas a los dirigentes guerrilleros en caso de que se llegue a una desmovilización, y plantea medidas de reparación y acceso a la verdad para las víctimas.

También prevé que los líderes guerrilleros tengan representación política, aunque aquellos condenados por delitos de lesa humanidad no podrán optar a cargos de elección popular.

“Es principalmente un mensaje para las guerrillas, se les dice que hay un instrumento para la paz”, señaló el politólogo Fernando Giraldo, de la Universidad Javeriana.

En Colombia los delitos de terrorismo que se imputan a los principales líderes de las guerrillas tienen pena de cárcel y de inhabilitación política de por vida. Además, solamente se puede amnistiar el delito político cometido sin violencia.

“Es una legislación para la paz. Se trata de abrir una puerta para que en caso de que se dé un diálogo haya un piso jurídico que lo apoye”, indicó Ariel Ávila, de la Corporación Nuevo Arco Iris, especializada en el conflicto armado colombiano.

Sin embargo, Giraldo advierte que la reforma no implica que se esté a las puertas de un diálogo. “La sociedad necesita una ruta para salir de este empantanamiento del conflicto armado, pero la paz no está a la vuelta de la esquina”, opinó.

En discursos públicos esta semana, Santos ha exhortado a los militares a combatir con firmeza a la guerrilla, y ha asegurado que si se abre un diálogo “será en nuestras condiciones y bajo nuestro dominio”.

“Ese es un planteamiento para una guerrilla derrotada. Pero llevamos diez años de seguridad democrática (como se conoce la política de combate frontal a las guerrillas) y el conflicto armado sigue ahí”, destacó Giraldo.

Colombia sufre desde hace casi medio siglo un conflicto armado interno que ha dejado cientos de miles de víctimas civiles.

En el país se encuentran activas dos guerrillas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con unos 9,200 combatientes, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con otros 2,500.

La última negociación de paz que terminó en una desmovilización fue la de la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1990, que implicó una amnistía general.

Desde entonces, las FARC han sostenido diálogos con los sucesivos gobiernos colombianos, en 1991-1992 y luego en 1999-2002, pero sin llegar a ningún acuerdo.

“La mayor parte de los líderes guerrilleros ya han sido condenados en ausencia, por eso lo único que se les puede ofrecer es la suspensión de la ejecución de la pena”, explicó Javier Ciurlizza, director del programa para América Latina del centro de análisis de conflictos International Crisis Group.

“Para los mandos medios y bajos la reforma contempla la posibilidad de suspensión del proceso judicial y el principio de oportunidad a cambio de confesiones”, añadió Ciurlizza.

La reforma permitirá la redacción de leyes particulares al cabo de una eventual negociación de paz por la que, según Ávila, presionan muchos sectores de la sociedad.

“Colombia tiene planes de desarrollo para la minería y la explotación petrolera, y esas actividades están ubicadas en las zonas del conflicto. Además, la población está más cansada que nunca debido a la degradación del conflicto que ha llevado al reclutamiento de niños y al uso de minas antipersona”, refirió.

En los meses recientes, las FARC han planteado a Santos un diálogo directo para poner fin al conflicto, y a principios de año anunciaron el cese del secuestro de civiles con fines de financiamiento como un gesto en ese sentido.

En abril pasado, las FARC liberaron a los últimos 10 policías y militares que mantuvieron cautivos por casi 14 años.