WASHINGTON -- La vestimenta de los detenidos en Guatánamo causa polémica desde que los acusados por los ataques del 11 de septiembre pidieron comparecer con el traje naranja o con la túnica afgana, ambos prohibidos por la justicia militar estadounidense.

Jaled Sheij Mohamed, quien se denomina como el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, quería usar una túnica paramilitar revestida, según dijo su defensa, “para lucirla en honor a los combatientes y las milicias en conflictos armados”.

Su sobrino, también acusado por el ataque a Nueva York, Mohamed al Baluchi, había pedido llevar un gorro y una vestimenta tradicionales paquistaníes.

Otro presunto cómplice, Mustafá al Husaui, solicitó llevar el célebre traje naranja de los prisioneros, “un recordatorio silencioso de la herencia de tortura de Guantánamo y un desafío pacífico a un sistema construido para matar”, declaró a la AFP uno de sus abogados, Walter Ruiz.

La víspera del proceso, el 5 de mayo, las autoridades de la prisión, temiendo que estas vestimentas pudieran convertirse en formas de propaganda, las guardaron al armario preparado por los abogados.

Una serie de documentos judiciales y de fotos, desveladas esta semana por el Pentágono, muestra los intercambios entre la acusación, las autoridades y los abogados de los detenidos, explicando su elección y expresando su molestia por la negativa recibida.

El comandante de la prisión, el almirante Walter Woods, “violó el reglamento de los tribunales militares y tomó una decisión arbitraria y caprichosa negándole a los acusados el derecho de vestir la ropa de su elección”, escribió la defensa en su recurso, que apeló a “la presunción de inocencia” y al derecho a un “juicio justo”.

“Las vestimentas de un detenido no deben transformar a este tribunal en una herramienta de propaganda y estropear la atmósfera propicia para una deliberación calmada e independiente”, destacó la acusación.

El 4 de mayo, el almirante Woods inspeccionó las vestimentas que los detenidos querían usar el día de su audiencia y efectuó muchos cambios, argumentando que éstas podrían “socavar el orden y la disciplina” en el tribunal.

También apuntó a que éstas podrían “complicar la capacidad de los guardias de controlar a un detenido en caso de que fuera necesario”.