Asegurar que los votantes cumplan los criterios para ejercer el sufragio es una responsabilidad legítima de un Estado. Pero imponer obstáculos innecesarios al derecho constitucional de los ciudadanos a votar erosiona la democracia participativa.

La ofensiva del gobernador Rick Scott por depurar los listados electorales de inmigrantes y exiliados no naturalizados carece de fundamento porque no ha habido fraude electoral. Se basa en una comparación con un banco de datos inexactos que compila el estado cuando una persona obtiene la licencia de conducir o el carné de identificación.

Los inmigrantes legales sabemos lo engorroso y complicado que es el proceso para obtener una licencia en la Florida.

La última vez que me presenté en una oficina del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV) llevé como prueba de mi estatus legal la tarjeta de residencia ( green card). Desde entonces, obtuve la ciudadanía y me registré para votar. La próxima vez que me presente a renovar la licencia en persona llevaré, con mucho orgullo, mi pasaporte de Estados Unidos. Hasta entonces, es posible que el DHSMV no actualice mi estatus migratorio en su banco de datos.

Los secuaces de Scott han hecho mucho alboroto sobre la presencia de inmigrantes sin ciudadanía en la nómina electoral. Sin embargo, en realidad, somos los inmigrantes que nos hemos naturalizado en tiempos recientes y registrado para votar, los más perjudicados en esta cacería de brujas contra los hispanos.

Hasta la fecha se ha comprobado que apenas unas 140 personas sin ciudadanía están en el listado de 11 millones de votantes en la Florida. Alrededor de 70 pudieran haber ejercido el sufragio. Es una cifra ínfima si se compara con 180,000 votantes originalmente identificados por las autoridades como potenciales transgresores, nómina que se redujo a 2,700 debido a que algunos condados rehusaron participar. En contraste, se ha demostrado que más de 500 sí son ciudadanos.

A esas personas que tal vez hayan votado ilegalmente hay que penarlas. No obstante, ¿es ético despilfarrar millones de dólares en este programa de depuración para identificar a un puñado de infractores cuando cientos de miles de ciudadanos en el estado pasan hambre y no tienen empleo?

Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de la Florida alegando que el programa viola dos leyes electorales federales. Tallahassee contraatacará en los tribunales. El litigio acarreará un gasto excesivo para los contribuyentes.

Múltiples condados de la Florida están cubiertos por la Sección 5 de la Ley de Derechos Electorales de 1965, que exige al estado obtener aprobación federal antes de concretar cualquier cambio electoral. Por otra parte, la Ley Nacional de Registro de Votantes, promulgada en 1993, prohíbe depuraciones entre el electorado en un plazo de 90 días previos al día de los comicios. Las próximas elecciones son en agosto.

Hace dos semanas, un juez federal anuló cláusulas fundamentales de la nueva ley electoral de la Florida, alegando que las restricciones que impone en el registro de nuevos votantes desmotivan y penalizan a los voluntarios que realizan las inscripciones. La Legislatura también redujo el período de votación anticipada.