Caracas -- El período para gobernar por decreto que el Parlamento venezolano concedió hace 18 meses a Hugo Chávez para que encarara un desastre natural acaba hoy entre censuras opositoras debido a que el presidente usó los poderes especiales para su proyecto político.

“Este gobierno enterró la democracia participativa” y con ello “el debate con el pueblo para hacer leyes. Ya no discute sino impone”, escribió hoy en Twitter el candidato presidencial Henrique Capriles, quien le disputará a Chávez los comicios que el próximo 7 de octubre decidirán el período gubernamental 2013-2019.

La alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que tiene a Capriles como su abanderado, recordó que Chávez pidió y obtuvo en diciembre de 2010 de la mayoría oficialista una nueva “Ley Habilitante”, como se denomina en Venezuela el permiso para que el Ejecutivo legisle sin el control del Parlamento.

Lo hizo, añadió la MUD en un comunicado, “con el supuesto de hacerle frente a la crisis provocada por los estragos que dejaron las intensas lluvias de ese año”, pero solo 2 o 3 de las 54 leyes redactadas en este período en el despacho presidencial están vinculadas estrechamente a ello.

El mismo Chávez, además de sus subalternos, ha admitido que el resto de normas sirve “para fortalecer proyectos socioproductivos en beneficio del poder popular”, ampliando el tejido legal para facilitar la implementación del socialismo que dice promulgar.

“El presidente declara con toda la arrogancia y prepotencia que le han permitido y aprobado los Poderes Públicos, en especial el Supremo, refrendador de todas las violaciones a la Constitución que se le han ocurrido al primer mandatario”, recriminó la MUD.

La nueva “Habilitante”, agregó la alianza antichavista, “sólo buscaba imponer, en complicidad con los demás órganos rendidos del Estado, las propuestas de reforma a la Constitución rechazadas por los venezolanos” en el referendo celebrado para el efecto en el 2007.

Es decir, subrayó, durante los últimos 18 meses se perpetró una “monumental estafa” y se usó “el sufrimiento de los venezolanos que en ese momento padecían, y así continúan, los embates de la naturaleza, para meter de contrabando leyes hechas a la medida con el proyecto político del personalísimo presidencial”.

Entre las 54 normas del período constan varias llamadas “orgánicas”, como la del Trabajo, considerada la ley más importante tras la Constitución y sancionada en mayo por Chávez, quien pidió y logró que su constitucionalidad, al igual que otras, fuera confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia.

“En un país como en el nuestro el que el Supremo ratifique una decisión arbitraria del Ejecutivo no es ninguna novedad”, dijo a Efe al respecto Vladimir Villegas, miembro de la Constituyente que redactó la Carta Magna en vigor desde el año 2000.

El exseguidor de Chávez, quien lo tuvo hasta 2007 como embajador en Brasil, acusa al presidente de haberse “divorciado de la Constitución” y opina que su proyecto “caudillista, militarista, autoritario no tiene nada de socialista”.

Por “Habilitante” también se sancionó el viernes pasado la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, que resta competencias y recursos a gobiernos regionales y municipales a favor de las organizaciones de base.

En realidad, según la MUD, así se permitirá legalmente “secuestrar y poner en manos del presidente todas las atribuciones que por ley le corresponden” a los Gobiernos locales.

Con esas y las otras leyes Chávez “quiere seguir haciendo añicos el Estado de Derecho”, pero “en nuestras manos está no seguir permitiéndoselo”, remató la MUD sobre el apoyo electoral que pide para Capriles.

Durante sus 13 años y medio de mandato, Chávez ha dictado casi dos centenares de leyes en las cuatro ocasiones en las que la AN aprobó la “Ley Habilitante” a su favor.

En cada ocasión la oposición dijo “que esas leyes eran para que Chávez se hiciera dictador, pero lo que hizo fue hacer leyes para el pueblo”, dijo este fin de semana el vicepresidente del Ejecutivo, Elías Jaua.

“Ya hay marco legal para que el Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías vayan transfiriendo paulatinamente medios de producción” al poder popular organizado, remarcó al destacar la importancia de una ley “para la gestión comunitaria y transferencia de competencias al pueblo, a las comunidades, el pueblo gobernando directamente”, lo que apunta a una “nueva etapa de la revolución”, subrayó.