El presidente Obama decidió el sábado ordenar al Departamento de Inmigración que no aplicara las leyes en cuanto a la deportación de algunos ilegales entre las edades de 16 a 30 años. Aunque el sentido de esta acción sea meritorio establece un precedente muy peligroso.

Nuestro país es una república que sigue fielmente una Constitución. En esta se establecen tres poderes bien delineados y con intereses encontrados. La idea básica de esta separación es precisamente dificultar el consenso de los legisladores, exigiendo a veces una súper mayoría para la aprobación de las leyes. Nuestros fundadores temían lo que se llamó una “dictadura de la mayoría”, con idea de evitar que el mismo proceso democrático fuera vía para establecer un gobierno central dictatorial, como ha sucedido en Venezuela.

En septiembre del 2011, el mismo Obama declaró que aunque él deseara, no podía dejar de obedecer las leyes, y que esta limitación evitaba que existiera un rey.

Las leyes son potestad del Congreso y es del ejecutivo obedecerlas y ejecutarlas. Legislar desde la presidencia, por mucha popularidad que tenga esta medida, abre las puertas a actos futuros que cambiarían nuestro balance político hacia lo peor. Es obvio que se tomó esta medida para atraer un segmento importante de la población en vísperas de las elecciones. A su vez, se anticipó a una posible ley bipartidista que estaba procesando en el Senado el senador Rubio.

Esperemos que nuestro pueblo hispano no se deje engañar por esta maniobra, porque como el mismo Obama dijo: no queremos un rey.

Fernando J. Milanés

Miami