Asuncion -- Campesinos “sin tierra” de Paraguay sepultaron el lunes a siete de los once labradores que fallecieron en un choque a tiros con policías durante el desalojo de una hacienda en el noreste del país, donde otros seis agentes perdieron la vida.

Los cuerpos de los fallecidos fueron enterrados este lunes en dos cementerios de la localidad de Curuguaty, a 350 kilómetros al noreste de Asunción, en medio de lamentos y reclamos de justicia de parte de los dirigentes y familiares de los muertos.

“Es un hecho gravísimo por el que el Gobierno debe dar la cara”, aseveró el dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), Luis Aguayo, en declaraciones reproducidas por la agencia pública IP Paraguay.

Aguayo exigió, además, la tramitación de indemnizaciones para las familias de los fallecidos y anunció que en breve analizarán las acciones que emprenderán para exigir justicia.

“Los familiares quedaron desamparados de sus padres, hermanos, hijos. Acá hubo ‘acribillamiento’, ajusticiamiento, persecución, porque no pueden ir siquiera a preguntar por sus familiares detenidos y lo más lamentable es que el Gobierno no tomó interés”, insistió.

Al menos once campesinos y seis policías perdieron la vida en el enfrentamiento a tiros que se produjo el viernes poco después del inicio de una operación de desalojo de una hacienda ocupada por los “sin tierras” en Curuguaty, en el departamento de Canindeyú.

Los ocupantes del predio, propiedad del conocido político y empresario Blas N. Riquelme, también condenaron la detención de alrededor de medio centenar de labradores, varios de ellos imputados por cargos como homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.

El pasado fin de semana fueron sepultados los cuerpos de los seis policías que perdieron la vida en ese choque, entre ellos el jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Erven Lovera, y su asistente, Osvaldo Sánchez.

Horas después del enfrentamiento el jefe de Estado, Fernando Lugo, destituyó al ministro del Interior, Carlos Filizzola, y al comandante de la Policía, Paulino Rojas, en medio de reclamos de varios sectores del Congreso, que amenazaron con promover un juicio político contra el titular de ese ministerio.

Lugo nombró en sustitución de Filizzola y de Rojas a Rubén Candia Amarilla y Arnaldo Sanabria, respectivamente, quienes asumieron en sus cargos en sendos actos presididos el sábado por el mandatario.

El ministro de Educación, allegado del gobernante, aseveró hoy que “el Poder Ejecutivo fue víctima de la acción criminal de grupos de personas infiltradas entre los campesinos que asesinaron a los policías”, saliendo al paso de las duras críticas vertidas por sectores de la oposición, algunos de los cuales no descartan la posibilidad de enjuiciar políticamente a Lugo.

Los desalojos y ocupaciones de haciendas son constantes en el país, aunque esta es la primera vez que se registra un hecho de esa magnitud.

Los grupos de “sin tierras” acusan al Estado de haber cedido ilegalmente terrenos a latifundistas y productores agrícolas, principalmente durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).