ALEXANDRIA, Virginia -- Un general colombiano en retiro y ex jefe de seguridad del presidente Alvaro Uribe fue acusado en Estados Unidos de asociación ilícita con narcotraficantes y de recibir sobornos a cambio de ayudar a las organizaciones de la droga que debía combatir.

De acuerdo con una acusación formal de un jurado investigador de una corte federal de la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, el general de la policía Mauricio Santoyo Velasco habría recibido sobornos a cambio de dar información de inteligencia a las principales bandas del narcotráfico en Colombia sobre las indagaciones de autoridades estadounidenses, británicas y colombianas.

Santoyo ocupó altos cargos en la policía nacional colombiana entre 1996 y el 2002, cuando se convirtió en jefe de seguridad de Uribe (2002-2010).

Un vocero de la fiscalía federal estadounidense, Neil MacBride, declinó de momento hacer declaraciones sobre la acusación.

“Espero que Gral. Santoyo e institución policiaca expliquen el caso. Siempre respeté decisiones internas de la Policía sobre mi protección”, dijo Uribe el domingo en su cuenta en Twitter.

Un alto funcionario de la Fiscalía colombiana, que exigió el anonimato por no estar autorizado para hacer declaraciones públicas, le dijo a The Associated Press que aún no hay una orden de captura con fines de extradición contra el general.

Según las autoridades estadounidenses, Santoyo se habría aliado con la llamada “Oficina de Envigado”, una organización criminal dedicada al narcotráfico y al sicariato cerca a la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia y a unos 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.

La “Oficina de Envigado” surgió en la época del narcotraficante y fundador del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, quien fue abatido por la policía en esa ciudad en diciembre de 1993.

El ex jefe de seguridad de Uribe al parecer entregaba a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia información sobre las operaciones que las autoridades estadounidenses, británicas y colombianas iban a realizar en su contra. Asimismo, facilitaba que policías corruptos dieran apoyo a los paramilitares.

Y, tal vez lo más grave, Santoyo proveía información de inteligencia recolectada por el gobierno que fue usada por las bandas criminales para identificar personas que luego fueron asesinadas.

En el 2001, Santoyo resultó salpicado en un escándalo de interceptaciones telefónicas ilegales a miembros de organizaciones de derechos humanos en Medellín.

La Procuraduría General de la Nación, que en Colombia investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, sancionó con destitución a Santoyo por su presunta responsabilidad en las escuchas ilícitas desde la policía en Medellín.

Pero el fallo de la Procuraduría quedó sin peso jurídico por un error técnico en el momento en que se pretendió notificarle al ex jefe policial la sanción en su contra.

Los últimos días de Santoyo como funcionario público fueron como agregado policial de la Embajada de Colombia en Italia.

La ex ministra de Defensa del gobierno de Uribe, Marta Lucía Ramírez (2002-2003), explicó en su cuenta de Twitter que el ascenso de Santoyo de coronel a brigadier general se debió a que “sus superiores en la Policía me garantizaron que (Santoyo) era persona idónea y ética”.

Varios medios de comunicación locales divulgaron el fin de semana las declaraciones de algunos ex jefes paramilitares detenidos en Estados Unidos.

Los otrora paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez (alias “Macaco”), según el diario bogotano El Espectador, denunciaron a oficiales de la policía, entre ellos a varios ex directores de la institución, de haber cohonestado con su grupo ilegal y considerado por Estados Unidos como una organización terrorista.

Mancuso y “Macaco” fueron extraditados a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico en el 2008 en el mandato de Uribe, quien ha dicho que las declaraciones de los paramilitares son una venganza por haberlos entregado a la justicia norteamericana.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no se ha pronunciado sobre el caso de Santoyo y el de los demás oficiales de la policía salpicados por los paramilitares.

“Me parece cínico que el ex presidente Alvaro Uribe pida explicaciones (al general Santoyo) cuando es Uribe el que debe darle explicaciones al país”, dijo el congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

En cambio José Obdulio Gaviria, ex asesor de Uribe entre el 2002 y el 2009, dijo temer “que el general Santoyo sea una víctima más de la venganza mafiosa por la extradición (de los jefes paramilitares) decretada por el presidente Uribe”.