Después de tres años y medio de incumplimientos y de un drástico endurecimiento de las deportaciones, Barack Obama finalmente recuperó la compasión hacia los inocentes y decretó un primer abono a la promesa hecha durante su campaña para ganar la presidencia en 2008.

Ahora, justo en la víspera de la elección presidencial de 2012 y en pleno uso de sus facultades presidenciales, Obama decretó aliviar temporalmente el martirio que sufren miles de jóvenes que no por voluntad propia sino por una decisión de sus padres han hecho su vida en este país sin documentos migratorios.

El decreto de Obama recomienda la suspensión de la deportación de 800,00 a 1.4 millones de jóvenes menores de 30 años que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, y que se arriesguen a declarar su situación migratoria actual. Quienes califiquen podrían obtener un permiso de trabajo y/o una licencia para conducir vehículos en los estados que no lo prohíben explícitamente, como por ejemplo en California. El permiso es por dos años y sería renovable, siempre y cuando los solicitantes no tengan antecedentes criminales, se hayan graduado de secundaria en el país o sean veteranos de guerra.

La orden del Presidente es semejante a los llamados TPS, o permisos de estadía temporal, que se le han otorgado a ciudadanos de Honduras y Nicaragua desde 1999 y de El Salvador, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Haití entre 2001 y 2012. Es decir, esta ha sido una facultad de presidentes demócratas y republicanos.

Las reacciones a la iniciativa presidencial han ido del regocijo entre los latinos al repudio de quienes se oponen a aliviar el calvario de estos jóvenes. Y de todas las reacciones aquella que acusa a Obama de hacerlo con fines políticos me recuerda la escena de la película Casablanca en la que al tiempo que se embolsa sus ganancias en la ruleta, el corrupto capitán Renault, interpretado magistralmente por Claude Rains, se declara en shock al percatarse de la existencia del casino y decreta su cierre acatando la orden de un oficial nazi. Es evidente que la decisión de Obama es política. Lo que hacen los políticos se llama política. Y no es más ni menos política que las que toman los republicanos en el Congreso cuando se oponen sistemáticamente a aprobar el Dream Act, o a reformar el sistema migratorio. ¿Acaso Mitt Romney no actuó políticamente cuando dijo que la abominable Ley de Arizona contra la comunidad latina era el “modelo que el país debería adoptar”? La gran diferencia es que la orden de Obama es una medida justa y racional.

Desafortunadamente, la migración, el tema que definió el carácter nacional desde su fundación, es un tema que se mueve en el ámbito político y por ende la única solución permanente al asunto de los dreamers tiene que ser política. La comunidad latina debe entender que si Obama pierde la reelección, su rival podría invalidarla de un plumazo y por ello, movilizarse políticamente para asegurar la reelección de Obama votando masivamente en estados clave como Nevada, Colorado, Nuevo México, Florida, Virginia, Iowa y Carolina del Norte.

Además hay que movilizar a otras minorías, a los jóvenes, a los universitarios, a las mujeres, y a un número razonable de votantes blancos para que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes y conserven su ventaja en el Senado. Y si este fuera el caso, Obama no tendría perdón si no logra que se apruebe la reforma migratoria integral que debió obtener durante los dos primeros años de su gobierno.

La tercera opción sería que Obama ganara la reelección y que en un Congreso dividido el ala moderada dentro del Partido Republicano optara por la cordura y siguiendo el consejo de gente prudente como el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, entendiera que su futuro está en peligro si no adopta un acercamiento a la comunidad hispana más humano, más compasivo, más inclusivo, más justo y más racional. No olvidemos que no hace mucho, los mejores intentos por reformar el sistema migratorio tuvieron el apoyo de ambos partidos.