Justo dos días después de alegar que un hombre del sur de la Florida llevaba a cabo una “vasta operación de envío de efectivo a Cuba”, la fiscalía federal dijo que no tiene prueba alguna de que el régimen de Castro esté detrás de un fraude multimillonario de lavado de dinero de Medicare.

Pero si el quid de un caso presentado en el tribunal federal de distrito es cierto — que una red de estafadores desvió decenas de millones de dólares de Medicare a La Habana —, expertos afirman que no es posible que esa cantidad de efectivo fuera a parar a cuentas bancarias en Cuba sin que el gobierno de ese país lo supiera.

De modo que la acusación formal del agente de cambio de cheques Oscar L. Sánchez de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero podría ofrecer el primer gramo de fundamento a la vieja teoría de que los hermanos Castro son los que mueven los hilos detrás de complicados planes para estafar al Medicare.

La veterana analista de Cuba Maria Werlau dijo que si el dinero iba a parar realmente al sistema nacional de banca de Cuba, “es casi imposible concebir que alguien que no esté pagado por la inteligencia cubana transfiera millones a los bancos cubanos.

“¿Quién no sabe que todos los bancos cubanos son bancos del gobierno cubano, o sea, bajo el control total del estado?”, dijo Werlau, activista anticastrista que ha estudiado extensamente el sistema bancario del régimen. La fiscalía ha acusado a Sánchez, de 46 años, de servir de “financiador” a un grupo que envió $63 millones de dólares estafados al Medicare a bancos de La Habana. El suyo es el primer caso en que se rastreó directamente dinero supuestamente estafado al programa federal de servicios de salud para los ancianos hasta Cuba.

La fiscalía dijo que el dinero vinculado a Sánchez — $31 millones — fue movido a través de una intrincada red de compañías fachada extranjeras hasta que fue a parar a Cuba a través de Canadá y Trinidad. Una moción presentada el lunes para negar fianza a Sánchez no dejó en claro si los fondos acabaron en la sucursal de La Habana de Republic Bank, de Trinidad, o en un banco administrado por el gobierno cubano.

El documento sí dijo que las cuentas de los supuestos estafadores en el Republic Bank se abrieron en la sucursal de Republic en La Habana, “y que al menos dos de esas cuentas tenían instrucciones permanentes de que el banco transfiriera inmediatamente todo el dinero de las cuentas al sistema bancario cubano”.

Werlau dijo que Cuba ha encarado durante mucho tiempo alegaciones de lavar dinero tanto para traficantes de drogas como para grupos terroristas de izquierda. Las alegaciones compiladas por una serie de desertores y otras fuentes fueron apoyadas en el 2004 por una multa de $100 millones impuesta a un banco suizo que fue sorprendido comprando y vendiendo más dólares estadounidenses a Cuba de lo que la dictadura podía justificar.

Ella añadió que ningún timador “en su sano juicio” se arriesgaría a enviar dinero a un país cuyo gobierno congeló en el pasado todas las cuentas de negocios extranjeras, sugiriendo que los sospechosos de estafa trabajaban para el régimen cubano. Pero el profesor de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida José Gabilondo dijo no estar convencido por las alegaciones de la fiscalía, en parte porque Cuba cobra altas tarifas por transacciones en dólares. Los lavadores de dinero que hubieran desviado $63 millones a Cuba hubieran perdido el 10 por ciento.