En América Latina vivimos en un contexto de permanente zozobra, en el que la inseguridad nos somete día a día. Diversos estudios muestran cómo la región se ha convertido en la más violenta del mundo. En cualquier país del continente, el objetivo de todo gobernante es combatir la criminalidad, y en los países donde existen tasas altas de homicidios, la meta primordial es disminuir esas tasas. Las estrategias utilizadas por los diversos gobiernos van desde programas de mano dura y patrullaje mixto hasta planes preventivos; y en algunos casos surgen inquietantes respuestas no estatales como la celebración de acuerdos tácitos entre actores de la sociedad civil y bandas criminales.

De hecho, esta semana se cumplieron 100 días desde que se pactó en El Salvador una tregua con las pandillas más violentas: la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Con la Iglesia Católica como mediadora, ambas se comprometieron a dejar de cometer asesinatos.

A partir de ese momento, según datos de la Policía, los homicidios han disminuido de 14 a 5 diarios y los líderes pandilleros han manifestado su voluntad de iniciar un diálogo de paz con el gobierno. Parecen resultados positivos, pero no son duraderos.

Casos similares han demostrado que estos acuerdos con delincuentes bajan los índices de criminalidad inmediatamente, pero ni bien el pacto se rompe por alguna razón, la situación vuelve a ser la misma de antes.

Esto es lo que sucedió en Medellín, en donde los homicidios bajaron dramáticamente como producto en gran medida de un pacto con los paramilitares liderados por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna –hoy recluido en una cárcel en EEUU–, pero volvieron a subir cuando ya no se pudo mantener el pacto.

Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín de esta época, desmintió siempre, como lo hace hoy el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que la situación de inseguridad haya mejorado como producto de un pacto con los criminales. Según explica, las mejoras fueron resultado del proceso legal de desmovilización de los paramilitares y de la transformación urbana y social de la ciudad. Para Funes, en tanto, la disminución de la criminalidad en El Salvador en los últimos meses es producto de la capacidad operativa y eficiente de la Policía.

Es fundamental que las respuestas gubernamentales se enfoquen más bien en programas integrales, que fortalezcan a la Policía y al sistema de justicia; que rescaten el rol del Estado en su función primordial de brindarles a todos los ciudadanos las soluciones a las necesidades básicas, y que tengan en cuenta a todos los actores de la comunidad. En ese sentido, resulta importante el llamado del presidente Funes a los diferentes sectores de la sociedad civil para hacer un gran acuerdo nacional que contribuya a ofrecerles mejores oportunidades laborales y educativas a los jóvenes de escasos recursos económicos que están en riesgo de ser reclutados por las pandillas.

Es comprensible la urgencia de un país como El Salvador de querer revertir los altos índices de criminalidad, pero no se debe hacer a costa de la vulneración del Estado de Derecho. Resolver la inseguridad de manera rápida y solo a través de “pactos” con los delincuentes no es una solución sostenible, ni contribuye a fortalecer la institucionalidad de por sí frágil del país.

Consultora Senior de Newlink Political.