El cable no los identificó, pero es casi seguro que se refería a José, Luis y Carlos Benítez, que huyeron a Cuba para no enfrentar su acusación oficial en el 2008 por cargos de presentar reclamaciones falsas al Medicare por $119 millones.

La citación judicial estaba “dirigida contra propiedades y pertenencias personales, aunque ninguna de las propiedades identificadas están en Cuba”, añadió el cable, sin dar más explicaciones.

Los hermanos “estaban detenidos en una cárcel cubana por cargos no especificados” según el cable, que no daba más detalles. Familiares suyos dijeron este año a sus amigos que los hermanos estaban todavía en la cárcel, presumiblemente por violaciones de inmigración, pero no han sido llevados a juicio.

Un cuarto cable con fecha del 25 de abril del 2007 señaló que el gobierno cubano se había ofrecido a deportar a un ciudadano estadounidense “que estaba cumpliendo una condena por un caso de lavado de dinero que había languidecido por mucho tiempo”, pero no dio más detalles.

En su mayor parte, los dos cables estadounidenses sobre lavado de dinero se dedicaron a informar en detalle sobre las leyes y regulaciones cubanas sobre el tema, mostrándolas como estrictas en el papel pero sin confirmación independiente.

Cuba “en general alega estar cumpliendo a plenitud con las convenciones de lavado de dinero y antiterrorismo internacional”, señaló un cable, pero no pertenece al Grupo de Acción Financiera, la principal organización global contra el lavado de dinero.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana, respondiendo a la alegación de que Oscar Sánchez enviaba dinero del Medicare a Cuba, dijo el miércoles que el país tenía controles estrictos para evitar el lavado de dinero y colabora estrechamente con los bancos para detectar y evitar las transacciones ilegales.

Resoluciones gubernamentales de 1997 establecen pautas para la “detección y prevención de movimientos de capital ilícito” y estableció una Central de Información de Riesgos (CIR) para compilar y procesar información sobre sospechas de violaciones, señalaron los cables estadounidenses.

Pero los diplomáticos estadounidenses “carecen de información en cuanto a la capacidad (de personal o de otro tipo) de la CIR para supervisar o examinar el cumplimiento por parte de instituciones financieras de las leyes y regulaciones de tipo AML/CFT”, añadió uno de los despachos.

Otra resolución del 2004 estableció la Oficina de Supervisión Bancaria dentro del Banco Central de Cuba para “procesar información brindada por la (CIR) y otros acerca de actividades delicadas e ilegales, corrupción y posibles operaciones de lavado de dinero”, señalaron los cables.

La Ley 87 aprobada en 1999 añadió el lavado de dinero al código penal, con condenas penitenciarias de 10 a 30 años, y órdenes del Banco Central en 1998 y 2002 dejaron en claro que las leyes de secreto bancario no se aplican a los investigadores del gobierno.

“Toda institución financiera tiene un funcionario designado que reporta directamente al ejecutivo principal” las transacciones sospechosas, señalan los cables, y se exige a los bancos que reporten toda “transacción compleja de una cantidad inusual” a la CRI y al Ministerio del Interior.

También se exige a los bancos que reporten transacciones de $10,000 o más y que determinen si una transacción dada “se corresponde al propósito corporativo o social aprobado de una compañía (estatal o privada)”, según los despachos.

Los bancos pueden además bloquear las cuentas sospechosas, y el código penal establece que toda persona hallada culpable de lavado de dinero será privada de todas sus ganancias, así como toda propiedad “esencial a la ofensa, o resultado de la misma”, según los despachos.