Un grupo de 15 influyentes cubanoamericanos vinculados al sector empresarial dentro y fuera de Estados Unidos pidió por escrito a Washington que no haga concesiones unilaterales a La Habana hasta que no se desmantele el “aparato totalitario” cubano, se libere a todos los presos políticos y se restablezcan los derechos fundamentales en la isla.

La carta llamada “Compromiso con la libertad” fue suscrita por ex ejecutivos y hombres de negocios, como Manuel Jorge Cutillas, ex presidente y CEO de Bacardi; Sergio Masvidal, ex vicepresidente de American Express Bank; y Emilio Alvarez-Recio, ex vicepresidente global de publicidad de Colgate-Palmolive. Otros de los firmantes es Carlos Gutiérrez, ex secretario del Departamento de Comercio federal (2005-2009) bajo la administración del ex presidente George W. Bush.

“Los que suscriben, exiliados cubanos vinculados a compañías norteamericanas e internacionales, instituciones y sectores empresariales, denuncian la campaña fraudulenta del régimen de Castro encaminada a recabar recursos económicos para prolongar su férreo dominio sobre el pueblo de Cuba”, precisa uno de los párrafos de la carta.

El texto critica las reformas económicas que impulsan las autoridades de la isla para revitalizar sus arcas. A fines de abril del 2011 durante el VI Congreso del Partido Comunista, Cuba proyectó una economía mixta, atendiendo tendencias de mercado. La actualización del modelo incluye la apertura al capital extranjero, el trabajo por cuenta propia en diferentes categorías y el recorte de más de medio millón de empleos a mediano plazo.

Durante el Congreso, el gobernante cubano Raúl Castro admitió que la implementación de las reformas podría tomar hasta cinco años.

Hasta el momento se han suprimido 140,000 puestos estatales a los que se sumarán otros 110,000 este año, según informó recientemente el diario oficial Granma.

Los firmantes califican el paquete de medidas propuestas como superficiales, sujetas a altos impuestos y una posible revocación, añade la carta. Asimismo denuncia que Cuba persigue tres objetivos fundamentales: neutralizar y dividir a la comunidad cubanoamericana, incluyendo algunos de sus empresarios; suavizar o poner fin al embargo; y lograr que la alta jerarquía de la Iglesia Católica cubana promueva la “reconciliación” bajo el actual sistema totalitario.

Varios reportes de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, radicada en La Habana, han denunciado consistentemente la imposición de regímenes de reclusión domiciliaria, amenazas y actos de hostigamiento contra la oposición pacífica. La Comisión también llamó la atención sobre el arresto de corta duración de unos 423 disidentes en el mes de mayo.

“El futuro de la isla no radica en los tiranos octogenarios y fracasados, sino en los líderes del creciente movimiento prodemocracia en Cuba”, precisa la carta. “Ellos, y no sus opresores, son los que merecen reconocimiento internacional, recursos financieros y tecnología de comunicación para llevar a cabo su heroica lucha”.