En el intenso debate nacional sobre cómo combatir la epidemia de la obesidad en Estados Unidos, uno de los temas más delicados es si se deben usar los cupones de alimentos financiados por los contribuyentes para que los pobres compren comida chatarra.

Durante la última temporada de sesiones legislativas del estado, la senadora Ronda Storms, republicana de Brandon, fue atacada tanto por liberales como por conservadores cuando propuso que los cupones de alimentos no deberían pagar artículos como sodas, barritas dulces y papas fritas. “Me criticaron desde los dos bandos”, se lamentó la legisladora sobre la oposición tanto republicana como demócrata.

Los demócratas la atacaron por tratar de decirles a los pobres cómo comportarse. Los republicanos dijeron que ella estaba promoviendo que el gobierno le ordene a la gente que coma brócoli.

Aun así, Storms y muchos otros enzarzados en la batalla nacional contra la obesidad no quieren abandonar el tema. La gordura de los estadounidenses cuesta ahora más en servicios de salud que los efectos del cigarrillo, y algunos están urgiendo a hacer una cruzada contra la obesidad similar a la que llevaron a cabo las fuerzas enemigas del tabaco.

“Tomó 50 años de campaña contra el tabaco para disminuir la tasa de fumadores de 50 por ciento a 20 por ciento” de la población, señala John Peters, director de estrategia del Centro de Salud y Bienestar de la Universidad de Colorado. Y él dice que podría tomar el mismo tiempo para revertir la epidemia de obesidad, que en este momento afecta al 35.7 por ciento de los adultos estadounidenses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y puede conducir a problemas crónicos de salud tales como diabetes e hipertensión.

Debido a que la tasa de obesidad entre los pobres tiende a ser más alta que entre los ricos, a líderes como Storms les molesta que los fondos de los contribuyentes puedan usarse para exacerbar el problema. “Yo no le encuentro sentido. No pueden comprar vitaminas Fred Flintstone con cupones de alimentos, pero un Mountain Dew sí”, dice Storms.

Muchos no están de acuerdo con la legislador. Durante la última temporada de sesiones legislativas, su proyecto de ley recibió la oposición de cabilderos de los grandes negocios de la industria de los refrescos, las tiendas de conveniencia y Corn Refiners of America, que produce el jarabe de maíz de alta fructosa que añade calorías a los alimentos.

Mientras tanto, una portavoz de Florida Partnership to End Childhood Hunger (Asociación de la Florida para acabar con el hambre infantil), agencia sin afán de lucro, dijo que la propuesta de Storms “crea nuevos obstáculos para familias que ya están pasando trabajo para satisfacer sus necesidades cotidianas más elementales”.

Debido a que los cupones de alimentos son un programa federal, toda propuesta local para alterar sus cláusulas debe ser aprobada por Washington. El esfuerzo más publicitado hasta el momento tuvo lugar hace dos años, cuando el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió al gobierno federal un programa piloto de dos años que prohibiera el uso de cupones de alimentos para comprar refrescos. La administración de Obama se negó porque la prohibición sería muy difícil de imponer.