La semana pasada, el diario The Washington Post confirió su premio “La Peor Semana en Washington” al Procurador General Eric Holder, y no debe sorprender a nadie.

Durante el fin de semana, el Sen. Joe Lieberman (I-Conn) expresó claramente su falta de confianza en Holder al pedir la nominación de un procurador especial que sea independiente del Departamento de Justicia para investigar serias filtraciones de documentos de seguridad nacional. Alguien, cerca del presidente, está permitiendo esas filtraciones y, tanto demócratas como republicanos, parecen determinados a encontrar “quién”.

Pero lo peor para Holder ocurrió la semana anterior cuando las paredes que él ha construido, cautelosamente, para protegerse de los investigadores congresionales comenzaron a resquebrajarse. El Rep. Darrell Issa (R-Calif), Presidente del Comité de Vigilancia y Reformas de Gobierno de la Cámara, anunció que comenzaría procedimientos de “Desacato al Poder Legislativo” ( Contempt of Congress) contra Holder por su negativa a entregar documentos solicitados por Issa y su comité referente a la operación Gunwalker.

Como referencia, me permito citar de mi columna del pasado 22 de agosto en la que dije: “Las solicitudes de información de Issa y su comité se han visto bloqueadas, a cada paso, por la misma persona: el Procurador General de la República, Eric Holder. Los congresistas encargados de la investigación, Issa y el Sen. Charles Grassley (R-Iowa), le han enviado innumerables cartas a Holder hasta el punto de aconsejarle que se deje de darle vueltas al asunto, coopere a exponer la verdad y deje de tratar el escándalo Gunwalker como un problema de relaciones públicas. Sin embargo, lo que sale de la oficina de Holder es una cortina de humo y documentos donde el 80 por ciento de la información ha sido tachado con tinta negra. Mientras tanto, la prensa nacional mantiene su cobertura de este escándalo en el fondo de la gaveta”. ¡Y eso fue hace más de 9 meses! No en balde, el Rep. Issa está tomando las medidas finales a su alcance.

“Al Depto. de Justicia se le han acabado las excusas”, declaró el Rep. John Boehner, Presidente de la Cámara de Representantes hace unos días. “O el Depto. de Justicia entrega la información solicitada o el Congreso no tendrá otra alternativa que proceder a declarar al procurador general en desacato por obstruir una investigación en curso”.

La reportera Katie Pavlich, de la publicación Townhall, quien acaba de publicar un libro sobre Gunwalker, explica la actitud de Holder así: “Complicaría la campaña de reelección de Obama. La gran mayoría de los medios de prensa no quieren reportar una historia que hace lucir mal al presidente en un año de elecciones, por lo tanto se han convertido en cómplices del encubrimiento”. Pavlich apunta que, dado el alto número de muertos reportados hasta ahora, incluyendo dos agentes de la patrulla de fronteras de Estados Unidos, Brian Terry y Jaime Zapata, y más de 200 mexicanos hace de Gunwalker un escándalo mucho más grave que Irán-Contra o Watergate.

Ante esta situación, prolongada por Holder para evitar que Gunwalker sea expuesta antes de las elecciones de noviembre, la administración Obama anunció que se ha refugiado en el principio de “Privilegio Ejecutivo” mediante el cual, el presidente podría ignorar la solicitud de información del Congreso. No sabemos cómo puede terminar esto, pero la imagen presidencial saldrá de esto con serias magulladuras políticas, ninguna de las cuales ayudarán al presidente en noviembre.

Finalmente, el pasado miércoles día 20, el comité que preside Issa votó 23 a 17 a favor de declarar a Eric Holder en desacato del poder legislativo. Esto irá a un próximo voto en el pleno de la Cámara y, si se apoya el voto del comité, pasará al pleno del Senado donde, dada la presente mayoría demócrata, el veredicto de desacato será derrotado. ¿Qué podrá pasar después? Eso es complejo y será objeto de otra columna.

Pero lo que sí sabemos es esto: el Procurador General de la República está, oficialmente, en desacato de la ley por obstruir el proceso judicial. Y, de eso, no hay dudas porque la evidencia es pública y el proceso tuvo lugar a través del procedimiento establecido por la Constitución.

El presidente se acogió a “privilegio ejecutivo” aun cuando los documentos solicitados no eran de la Casa Blanca sino del Depto. de Justicia y, al hacerlo, convirtió el problema de un ministerio en un problema de todo el poder ejecutivo.

Se salió de esta pero le ha causado gran daño a la imagen presidencial. ¿Se acuerdan de “ hope and change”? Las magulladuras políticas estarán en evidencia. Y ninguna ayudará en noviembre.