Brasil, principal socio comercial de Paraguay (60 por ciento del total) y con grandes intereses en el país, calificó la destitución de Lugo de “ruptura del orden democrático”.

“El gobierno brasileño condena el rito sumario de destitución del mandatario de Paraguay decidido el 22 de junio pasado, en que no fue adecuadamente asegurado el amplio derecho de defensa” y “considera que el procedimiento adoptado compromete el pilar fundamental de la democracia, condición esencial para la integración regional”, según un comunicado de la cancillería.

A falta de la confirmación definitiva del gobierno peruano, y pese a las declaraciones de Lugo, todo apunta a que la Unasur abordará los acontecimientos el miércoles en Lima, según informó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

El nuncio apostólico local Eliseo Ariotti fue el primer diplomático en visitar a Franco en la sede de gobierno el sábado, seguido luego por los embajadores de Estados Unidos y de Alemania.

La Iglesia Católica ofició después una misa en la Catedral a la que asistió el nuevo presidente. La jerarquía católica paraguaya había instado públicamente a Lugo a renunciar después de que la Cámara de Diputados decidiera iniciarle juicio político.

También el sábado y en entrevista con AFP, Franco afirmó que pediría ayuda a Lugo para desactivar el aislamiento regional en que se encuentra su gobierno.

En ese marco las tensiones sociales que provocaron la crisis política que costó el cargo a Lugo, están latentes.

José Rodríguez, líder de la Liga Nacional de Carperos, el movimiento de campesinos sin tierra que protagonizó el violento enfrentamiento de ocho días atrás en Curuguaty con un saldo de 11 campesinos y seis policías muertos, que desató la crisis política, llamó a sus seguidores a “permanecer movilizados”.

Lugo fue destituido el viernes luego que el Senado lo halló culpable de la acusación de “mal desempeño de sus funciones” por una mayoría de 39 votos a favor y 4 en contra.

Franco, que como vicepresidente asumió la presidencia, debe terminar el mandato de Lugo hasta agosto del 2013, y en abril organizar las elecciones presidenciales.