La Corte Suprema de Estados Unidos suavizó el lunes parcialmente la polémica ley de inmigración SB1070 de Arizona, al permitir que la policía les pregunte a detenidos si están legalmente en el país pero prohibiéndoles que arresten a inmigrantes indocumentados bajo cargos criminales por no tener papeles.

Esto significa que los policías en Arizona, o cualquier estado que tenga una ley similar, podrán detener y verificar el estatus migratorio de los extranjeros pero no podrán imponerles cargos en caso de no tenerlo, como contemplaba originalmente la ley aprobada por la legislatura estatal en Arizona.

Florida no tiene una ley como la de Arizona, pero los expertos consideran que la decisión de la Corte Suprema podría llevar a que los policías de cualquier parte del país exijan saber el estatus migratorio de sospechosos que les parezcan extranjeros.

Hasta ahora en la Florida los policías han podido preguntar sobre el estatus migratorio si piensan que el detenido ha cometido algún crimen. En episodios recientes, algunos policías en Miami-Dade y otros condados han contactado a las autoridades federales migratorias cuando han detenido a personas que no pueden probar que están legalmente en el país.

En Miami, varios activistas que defienden los derechos de los inmigrantes se dieron cita frente a la Torre de la Libertad, sobre Biscayne Boulevard, para protestar contra el dictamen del máximo tribunal del país.

“La Corte Suprema habló en forma hipócrita”, dijo María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición Inmigrante de la Florida (FIC), que convocó a la protesta, . “La Corte Suprema no ha decidido completamente si desea situarse al lado correcto de la historia”.

La decisión de la corte también incluyó la impugnación de otras partes claves de la ley de Arizona. Por ejemplo, los magistrados eliminaron las cláusulas que exigían que todos los extranjeros lleven consigo papeles migratorios y que sea una acción criminal buscar trabajo sin tener papeles que autoricen empleo.

Altos funcionarios federales que administran las leyes migratorias dijeron que esperan un aumento en el número de llamadas de la policía tratando de verificar el estatus migratorio de extranjeros, principalmente en Arizona. Pero indicaron también que el gobierno federal no proyecta alterar la política actual que busca deportar principalmente a inmigrantes con antecedentes penales o que hayan sido deportados anteriormente y que han regresado ilegalmente.

Los funcionarios anunciaron además que han decidido suspender kis acuerdos entre autoridades policiales de Arizona y el gobierno federal bajo los cuales se autorizaba, en ciertos casos, que organismos policiales locales pudieran hacer cumplir las leyes migratorias. Estos arreglos son conocidos como acuerdos 287 (g).

El presidente Barack Obama expresó consternación por la decisión de permitir que la policía pregunte sobre el estatus migratorio, pero satisfacción de que se eliminaran otras cláusulas.

“Ningún estadounidense debe de vivir bajo la sombra de la sospecha sólo por lo que parece ser”, dijo el mandatario en una declaración escrita.

El presidente estadounidense agregó que la policía de Arizona no debe de hacer cumplir la cláusula de una forma que viole los derechos civiles de las personas.