WASHINGTON -- Mientras los republicanos buscan una votación para declarar al secretario de justicia Eric Holder en desacato al Congreso, el presidente de un comité de la Cámara de Representantes cuestionó el fuero ejecutivo invocado por el presidente Barack Obama para mantener el secreto sobre algunos documentos relativos a una operación fallida sobre tráfico de armas.

La invocación de Obama abarca documentos del gobierno sobre el programa titulado “Operación Rápido y Furioso”, no solamente los preparados para el presidente. Pero el representante republicano Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, que recomendó el cargo de desacato, sostiene que el privilegio está reservado a los documentos que circulan entre el presidente y sus más altos asesores.

En una carta dirigida al presidente con fecha del lunes y difundida el martes, Issa cita la decisión de un tribunal de apelaciones para fundamentar su afirmación y se pregunta si Obama invocaba una prerrogativa presidencial “únicamente con el propósito de seguir obstruyendo una investigación del Congreso”.

El representante demócrata Steny Hoyer dijo que preveía que algunos legisladores de su partido adoptarían la posición de la Asociación Nacional de Portadores de Armas (NRA, por sus siglas en inglés) de votar a favor del desacato. La NRA ha dicho en una carta a todos los legisladores que la Casa Blanca quiere utilizar la operación para aplicar un plan de control de armamentos.

Hoyer se negó a dar una cifra de posibles desertores del campo demócrata.

El vocero de la Casa Blanca Eric Schultz dijo el martes que el análisis de Issa “tiene tanto mérito como su afirmación absurda de que la Operación Rápido y Furioso fue creada para promover el control de armamentos. Nuestra posición es consecuente con el precedente legal del poder ejecutivo de las tres últimas décadas que abarcan gobiernos de ambos partidos”.

Los tribunales han afirmado habitualmente “el derecho del poder ejecutivo a invocar el privilegio aunque no estén involucrados los documentos de la Casa Blanca”, afirmó Shultz.

Algunos expertos coinciden con la opinión del presidente de que todos los documentos del poder ejecutivo están protegidos.