La Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó cargos contra dos oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana y otros dos residentes del sur de Florida por sus presuntos esfuerzos de adquirir material bélico para el régimen de Caracas pese a la prohibición a las ventas de armas impuesta contra el país sudamericano.

La acusación, introducida ante la Corte del Distrito Sur de Florida, alega que los oficiales Alberto Pichardo y Freddy Argüelles participaron en la operación junto con Victor Brown y Kirk Drellich, residentes de Hialeah y Davie, respectivamente.

Según el documento de la fiscalía, los acusados pretendían adquirir componentes para aviones F-16, VF-5, OV-10 Broncos, Tucanos, y helicópteros Super Puma.

Pichardo, de 40 años, Argüelles, de 37, y Brown, de 55, comparecieron el martes por la tarde ante el juez federal Otazo Reyes, mientras que Drellich, de 49, tiene previsto presentarse el 3 de julio.

La fiscalía federal dijio en un comunicado que Pichardo -quien reside en Weston- enfrenta dos cargos de conspirar para violar la ley de Control de las Exportaciones de Armamento y dos cargos de haber violado la misma ley.

De ser encontrado culpable, Pichardo enfrenta una pena máxima de hasta cinco años de prisión y multas de hasta $250,000 por cada uno de los cargos de conspiración y hasta 10 años de prisión y multas de hasta $1 millón por cada cargo de violación de la ley.

Drellich y Argüelles, quien reside en Pembroke Pines, enfrentan un cargo de conspiración cada uno, una pena máxima de cinco años de cárcel y una multa de $250,000 de ser encontrados culpables.

Brown, por su parte, es acusado de conspirar para violar la ley Control de las Exportaciones de Armamento y de 18 cargos adicionales de haber violado la misma ley.

De ser encontrado culpable, Brown enfrenta una pena máxima de hasta cinco años y una multa de $250,000 por el cargo de conspiración y una pena de 10 años y una multa de $1 millón por cada cargo de violación de la ley.

Según los documentos del tribunal, Pichardo y Argüelles habrían participado en varias reuniones e intercambiaron correos electrónicos para adquirir componentes de aviones y otros equipos sin poseer una licencia para hacerlo y en violación al embargo impuesto por Estado Unidos a las ventas de armas a Venezuela.

La disposición, que entró en vigencia en el 2006, prohíbe a todo fabricante de armamentos en el mundo que venda equipos militares a Venezuela si éstos tienen componentes con tecnología estadounidense. La medida fue impuesta por el gobierno del entonces presidente George W. Bush por la negativa de Caracas de participar en la lucha contra el terrorismo.

Según los documentos del tribunal, Pichardo era el oficial responsable de la supervisión y el control de la oficina de adquisiciones militares que Venezuela tenía en Doral y que el 23 de enero del 2009 contactó por correo electrónico a un proveedor identificado solo como “S-1” para adquirir asientos de eyección y municiones para aviones F-16.

El pedido fue seguido tres semanas después por otro correo electrónico solicitando una lista de componentes buscados por la Fuerza Aérea Venezolana para otros aviones.