Meses después, el 4 de agosto de ese mismo año, Pichardo envió una nueva lista de componentes que incluían máscaras de oxígeno, antenas para radares y transmisores de para radares, entre otros componentes.

En septiembre, Pichardo, Argüelles y otra persona identificada como “K.L.” se reunieron con “S-1” para conversar sobre la venta de los componentes solicitados por la Fuerza Aérea Venezolana.

Esa reunión fue seguida por varias otras más entre los acusados y S-1, y por el intercambio de correos electrónicos y llamadas telefónicas.

En otro de los documentos de la corte, la fiscalía alega que Brown y Pichardo realizaron arreglos para el envío de material militar a Venezuela.

En una de las operaciones, Brown participó en los esfuerzos por adquirir dos motores T56 a nombre de la compañía española indentificada como “Spanish Company #1”, que luego debían ser enviados a Venezuela.

Drellich, por su parte, es acusado de venderle a Brown distintos componentes, que también tenían a Venezuela como destino.

La prohibición a la venta de armamentos a Venezuela -que se dio en medio del marcado deterioro de las relaciones entre los dos países bajo el gobierno de Hugo Chávez- dejó al gobierno de Caracas sin manera de conseguir los insumos y los repuestos de gran parte de su parque bélico, que previamente había sido adquirido a Estados Unidos.

La medida fue tomada por la administración Bush luego de que Venezuela fuese incluida en la lista de “países de preocupación” en el marco de sus estrechas relaciones con Cuba e Irán y afectó no sólo la venta de unidades estadounidenses, sino también de equipos de otros países que tuviesen algún tipo de componente del país norteamericano.

El reportero Michael McGuire contribuyó a la elaboración de esta historia.

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