Washington – En mi natal Puerto Rico había un programa infantil conducido por un personaje, el Tío Nobel, que llevaba a cabo competencias entre los asistentes con un singular detalle: nunca había perdedores. Sólo ganadores o casi ganadores.

Ayer recordé al personaje cuando se desataron los usuales análisis de quién gana o quién pierde con el fallo que declaró anticonstitucional tres cuartas partes de la SB 1070 de Arizona, pero sostuvo su parte central, la Sección 2(B), que permite que la policía indague sobre la situación migratoria de detenidos o arrestados si existe “sospecha razonable” de que son indocumentados.

La sección no podía declararse anticonstitucional, a juicio del máximo tribunal, porque no se ha implementado y no existen pruebas de que, en efecto, haya resultado en discriminación. Pero en Arizona ya hay historial de perfil racial y discriminación en la aplicación de programas migratorios federales, particularmente el 287(g) en el condado de Maricopa, que encabeza el alguacil Joe Arpaio.

En la eterna búsqueda de ganadores o perdedores desde el punto de vista político, se pasa por alto que perdemos todos: los indocumentados sumidos en un limbo por la falta de reforma migratoria y forzados a sumirse más en las sombras; los residentes legales o ciudadanos que luzcan extranjeros o hablen con acento y que corren el riesgo de ser discriminados por leyes al estilo de Arizona; pierden las economías e imágenes de los estados. Se pierde tiempo y esfuerzos en combatir leyes anticonstitucionales, tiempo y esfuerzos que podrían destinarse a encontrar una salida bipartidista al dilema migratorio.

Pero hay elecciones y hay que buscar quién puede beneficiarse más por un fallo que se produce a meses de los comicios presidenciales inyectando aún más el tema migratorio al proceso electoral.

El presidente Obama, sin cristalizar su promesa de reforma migratoria de 2008, anunció el 15 de junio que al menos proveerá un alivio temporal de la deportación a ciertos jóvenes indocumentados.

Con un récord de deportaciones bajo el brazo, principalmente mediante los programas de colaboración con policías estatales 287(g) y Comunidades Seguras, la administración Obama ha defendido su postura de ‘a Dios rogando y con el mazo dando’ como lo correcto: hay leyes migratorias y tienen que implementarse. Sin la reforma, fijó la política administrativa de discreción procesal para centrar las deportaciones en lo peor de lo peor, pero la implementación ha sido un fracaso.

Tras la SB 1070 y sus copias en diversos estados, el Departamento de Justicia entabló demandas argumentando la preeminencia del gobierno federal en inmigración y su oposición a un mosaico de 50 leyes migratorias.

Ante el fallo del Supremo, el Departamento de Justicia asegura que estará muy vigilante a la potencial violación de derechos civiles por la vigencia de la Sección 2(B) y el propio presidente exteriorizó su preocupación.

Así llega Obama a la lucha por el voto latino. Cuando por fin actúa, ve que su aprobación entre los votantes latinos mejora. Su reto seguirá siendo movilizarlos a las urnas.