GUATEMALA -- Organizaciones de derechos humanos apelaron este miércoles un amparo que dejó en suspenso el proceso contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, por la masacre de 201 campesinos en la aldea Dos Erres (Petén, norte) en 1982, durante su gobierno de facto.

“Es un retroceso enorme en el acceso a la justicia, al tiempo que consolida la impunidad en Guatemala”, afirmó el abogado Édgar Pérez, cuando llegó a apelar el fallo ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.

La Sala Cuarta de Apelaciones ordenó el martes suspender el proceso judicial contra Ríos Montt (1982-1983), luego de que en mayo la justicia pidió a la Fiscalía las pruebas para iniciar las audiencias.

La resolución otorga un amparo provisional al ex militar en respuesta a una gestión de la defensa que pidió aplicarle la ley de Reconciliación Nacional, que amnistió a los militares participantes en el conflicto armado guatemalteco (1960-1990).

Según Pérez, “el amparo es improcedente”, ya que en el 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando condenó al Estado de Guatemala por la masacre, recomendó no aplicar dicha normativa para ese caso.

“Están contraviniendo una sentencia y al mismo tiempo están impidiendo que el Estado cumpla con sus obligaciones, pues la Corte ordenó en esa oportunidad una investigación exhaustiva hasta dar con los responsables materiales e intelectuales de la masacre”, afirmó Pérez.

Raúl de Jesús Gómez, 52 años, que perdió 17 familiares en dicha masacre cuando él tenía 23 años, calificó de “vergonzosa” la resolución, pues “amparó a un criminal que autorizó a sus discípulos a matar tanta gente”.

Aura Elena Farfán, de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), también lamentó el fallo.

“Creo que es una resolución más política que jurídica. Creo que no es solo un retroceso en el proceso, sino también en el sistema de justicia de Guatemala, especialmente en los procesos relacionados con violaciones a los derechos humanos”, afirmó Farfán.

Por este caso cinco militares fueron condenados —cuatro en el 2011 y uno este año— a 6,060 años de prisión cada uno, sentencias simbólicas pues la pena máxima de prisión en Guatemala es de 50 años.

Ríos Montt está en detención domiciliaria desde fines de enero a la espera de que la justicia defina si es llevado a juicio en un primer caso de genocidio, en el departamento de Quiché, la región más golpeada durante el conflicto armado que dejó 200,000 muertos y desaparecidos.

Si fuera a juicio, sería el primer golpista de Guatemala en enfrentar la justicia por el delito de genocidio.