WASHINGTON -- Después de dejar su caso más resonante para el final, se anticipa que la Corte Suprema anunciará este jueves su fallo sobre la ley del sistema de salud del presidente Barack Obama.

El resultado probablemente incidirá sobre la campaña presidencial y contribuirá a definir el legado de John Roberts como titular del tribunal máximo. Pero se prevé que no dará la última palabra en los esfuerzos por arreglar las inconsistencias en el sistema de salud. El problema de los elevados costos médicos, el enorme desperdicio y las decenas de millones de personas sin seguro médico requerirán que el Congreso y el presidente sigan buscando respuestas, sea que la Ley de Atención Accesible supere o no la prueba de su constitucionalidad.

Si la Corte Suprema ratificara la ley y falla que el Congreso tenía derecho a exigir que la mayoría tenga seguro de salud o pague una penalidad, zanjaría el argumento legal pero no la batalla política.

Si la ley se ratifica y se permite que entre en vigencia plena, los ganadores serían los más de 50 millones que no tienen seguro médico en Estados Unidos.

A partir del 2014, la mayoría podría conseguir seguro por medio de aseguradores privados y el seguro del estado Medicaid. Los estados con mayoría republicana que se han resistido a crear mercados de seguro de salud según la ley deberían cumplir con ella, y Estados Unidos se acercaría a otros países avanzados que garantizan la atención médica para sus ciudadanos.

Por otra parte, si el tribunal revoca toda la ley, muchos estarían satisfechos, sugieren las encuestas de opinión.

Revocar la ley liquidaría un costoso nuevo beneficio federal antes de tener la oportunidad de ponerse en práctica, aunque de todos modos dejaría sin solucionar el problema de los costos elevados, el desperdicio y los millones de personas sin seguro.

Algunos legisladores republicanos están hablando de aprobar los pasajes más populares de la ley de salud.

Si el tribunal revoca el requisito individual de seguro médico, pero deja intacto el resto de la ley, los individuos no tendrían obligación de tener seguro médico, aunque los aseguradores seguirían obligados por ley a aceptar solicitantes independientemente de su condición médica y los límites que imponen a sus clientes de mayor edad y más enfermos.

Los estudios sugieren que las primas en el mercado del seguro de salud individual subirían entre el 10% y el 30%.