La decisión original de multar a Globovisión fue tomada por Conatel por su cobertura de una crisis carcelaria que en junio del año pasado dejó unos 30 muertos en la cárcel de El Rodeo.

Según el ente estatal, el canal hizo “apología del delito”, “incitó al desconocimiento del ordenamiento jurídico”, generó “zozobra en la ciudadanía” y “demostró odio e intolerancia por razones políticas”, en su cobertura de los hechos violentos.

Pero Globovsion alega que lo único que hizo fue mostrar las imágenes que ocurrían en la escena y que las verdaderas razones detrás de la multa en realidad son otras.

“Se están sacándose una piedrita en el zapato que les molesta”, dijo en una entrevista telefónica Alberto Federico Ravell, uno de los accionistas del canal.

“Esto significa cerrarles a los venezolanos la única ventana televisiva donde la oposición y los mismos chavistas descontentos con el gobierno pueden expresar sus opiniones, sus ideas y sus quejas”, reiteró.

Cerrar el canal cobra mucha importancia para el gobierno en momentos en que el país se aproxima a las vitales elecciones presidenciales, ante la cada vez mayor evidencia de que el candidato de la oposición se convierte un poderoso rival frente aun Chávez, que está muy limitado físicamente debido al cáncer que padece, dijo.

La oposición, hoy por hoy, ya es mayoría, y el gobierno está intentando de tapar el solo con un dedo, afirmó.

“Es meramente política. Están tratando de ocultar que la campaña del primero de julio arranca con dos candidatos empatados y están tratando de cerrarle la ventana que tiene el candidato de la oposición Henrique Capriles de salir por televisión”, sostuvo.

“Este es un gobierno autoritario que persigue a la disidencia, que ha logrado implantar la autocensura entre muchísimos medios de Venezuela, si bien es cierto que hay algunos medios valientes,” agregó.

La decisión del TSJ generó una ola de críticas desde distintos sectores de la sociedad venezolana, y en especial entre periodistas.

“Es lamentable que este gobierno en vez de ocuparse de resolver el problema de la violencia, del alto costo de la vida, de la crisis eléctrica y hospitalaria; se dedique a perseguir e intimidar a los medios de comunicación social que cuentan con una línea editorial independiente”, expresó Armando Briquet, jefe de campaña de Capriles.

Desde Miami, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX) también cuestionó la decisión.

“La asociación […] está profundamente alarmada por el ‘embargo ejecutivo’ emitido hoy por el Tribunal Supremo de Justicia sobre los bienes del canal privado Globovisión […] Con esta medida se cierra aún más el cerco que el gobierno de Caracas ha impuesto contra la libertad de expresión en Venezuela y en particular contra Globovisión, medio que ha sido víctima de la hostilidad gubernamental”, dijo la agrupación en un comunicado.

Este artículo fue complementado con servicios cablegráficos de El Nuevo Herald