CARACAS -- La televisora venezolana Globovisión, crítica con el gobierno, pagó este viernes una multa de $2.16 millones por la cobertura de una crisis carcelaria en el 2011 para evitar que se ejecutara un millonario embargo, que habría ocasionado la suspensión de sus transmisiones.

“Vinimos a pagar la injusta y desproporcionada multa que nos aplicó Conatel (ente estatal que regula las telecomunicaciones) en octubre”, dijo el vicepresidente ejecutivo del canal, Carlos Zuloaga, a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la víspera dictaminó un “embargo ejecutivo” al canal por $5.68 millones.

“Este pago de la multa debe anular el embargo”, expresó el responsable en el TSJ, donde decenas de trabajadores, políticos y simpatizantes de la televisora se concentraron en protesta por la sanción.

El consultor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, había explicado la víspera que el monto del embargo habría obligado la salida del aire de la televisora, muy crítica con el gobierno de Hugo Chávez. “Si este embargo se llegara a ejecutar en estas condiciones implicaría el cierre definitivo del canal”, indicó.

Globovisión espera que la multa esté “totalmente anulada” el lunes, comentó Zuloaga. “Nosotros cumplimos, esperamos que ellos cumplan”, acotó rodeado de los trabajadores, algunos con pancartas con el mensaje: “No hay nada más difícil de ocultar que la verdad” o lanzando arengas como: “Esa pantalla, nadie la calla”.

“Esto es un tema político, el gobierno prefiere que estemos hablando siempre de cualquier cosa o del posible cierre de Globovisión en lugar de hablar del problema de la inseguridad” en el país, protestó el periodista Pedro Peñalosa, que participa en el programa ‘Aló, Ciudadano’ del canal.

“Aquí estamos en señal de protesta, respaldando y agradeciendo esta decisión que ha tomado la junta directiva de Globovision porque si bien no estamos de acuerdo con el pago (…) agradecemos que se haga un esfuerzo para mantener este canal al aire”, dijo a su vez otro trabajador.

El jueves la Sala Político-Administrativa del TSJ ordenó el embargo “sobre bienes de propiedad” de Globovisión, equivalentes al doble de la multa impuesta por Conatel contra el canal en octubre del 2011, más “las costas de ejecución”, estimadas en una tercera parte de esa cantidad.

El fallo del TSJ atendió un pedido en marzo pasado del Estado venezolano para que obligara al canal a pagar la multa por la cobertura periodística que realizó de una crisis en junio pasado en la cárcel de El Rodeo, que dejó unos 30 muertos.

“Tenemos la convicción de que estamos haciendo lo correcto y le digo a todos los venezolanos que se queden tranquilos que Globovisión va a estar en las elecciones” presidenciales, en las que el mandatario Hugo Chávez buscará la relección frente al candidato opositor Henrique Capriles, dijo Zuloaga.

“Nosotros estamos pagando esta multa bajo protesta, indignados, furiosos”, expresó a su vez la vicepresidenta del canal, María Fernanda Flores.

Globovisión, que tiene varias sanciones administrativas y ha sido amenazada de cierre por el gobierno, inició varios procesos legales ante la multa, como la solicitud de la nulidad de la medida ante un tribunal contencioso (que evalúa la legalidad de actos del Estado) y ante el TSJ, que en marzo ratificó la sanción.

Conatel sancionó al canal porque estimó que éste hizo una “apología del delito”, “incitó al desconocimiento del ordenamiento jurídico” y generó “zozobra en la ciudadanía”, entre otras acusaciones, en su cobertura durante la crisis en El Rodeo.

El ente regulador actuó en el marco de una polémica ley que refuerza el control del Estado sobre los medios de comunicación audiovisuales y prevé desde la imposición de multas hasta la revocación de la licencia de emisión en caso de que no se respeten ciertos criterios definidos por las autoridades.

Durante el motín carcelario, que se prolongó durante un mes y que fue el incidente más sangriento de la última década en una prisión venezolana, Globovisión emitió continuamente imágenes de familiares de los presos muy alterados en busca de información.

Chávez, que mantiene un duro enfrentamiento con un sector de la prensa, decidió en el 2007 no renovar la concesión de la Radio Caracas Televisión (RCTV), decana de la televisión venezolana y una de las de mayor audiencia, tras acusarla de haber conspirado en su contra durante el golpe de abril del 2002, que sacó brevemente al mandatario del poder.