Me equivoqué sobre el destino judicial de la ley de reforma sanitaria conocida como “Obamacare”. No se me ocurrió la posibilidad de que el magistrado John Glover Roberts, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se uniera a cuatro jueces tildados de” liberales” para sostener el proyecto de mayor alcance que ha impulsado la presidencia de Barack Obama. Estaba seguro que, con su voto, Roberts derogaría el artículo de la reforma sanitaria conocido como “el mandato individual”, una expresión inconstitucional de la Cláusula de Comercio de la Constitución.

Pero el juez Roberts me sorprendió, y me asombró, con su interpretación de esta “Ley de Salud Asequible”. Su argumento fue la culminación de una exitosa operación alquímica. En esencia, el magistrado reescribió las bases de la medida obamista. Decidió por sus fueros que la verdadera intención del Congreso y la Casa Blanca no era apelar a la Cláusula de Comercio para obligarnos a adquirir un seguro de salud. Según Roberts la verdadera intención del Congreso (a pesar de que el presidente y los partidarios de la ley se llenaron la boca para negar que el llamado mandato individual creaba un nuevo impuesto) era ejercer la autoridad constitucional que le permite a la legislatura imponer tributos. De esa forma la plata que el gobierno federal les va a cobrar a los que no compran el seguro obligatorio no es una multa, sino un impuesto. Así se salva Obamacare.

¿Por qué el presidente del Tribunal Supremo recurre a malabarismos jurídicos y adopta una postura que, a primera vista, no concuerda con su ejecutoria como magistrado? Tal vez porque Roberts vio la necesidad de proteger su institución de una potencial crisis de legitimidad que él mismo ha hecho mucho por fomentar. El ejemplo más chocante: su manipulación del proceso que culmina en el calamitoso dictamen conocido como “Citizens United”. Puso en evidencia un sectarismo politizado que contradecía el compromiso con la transparencia y los precedentes judiciales que Roberts había defendido en sus vistas senatoriales de confirmación.

En el caso de Citizens, Roberts convirtió el juicio en torno a un tema muy específico, de alcance limitado (si la ley McCain-Feingold, la cual regulaba el financiamiento de las campañas políticas, podía aplicarse a la presentación de un documental realizado por un grupo sin fines de lucro treinta días antes de una elección) en un debate manipulado por Roberts sobre la constitucionalidad de McCain-Feingold. La sentencia, avalada por los cuatro magistrados que esta semana votaron contra Obamacare, fue mucho más allá de lo que planteaban las partes en Citizens y pasó por alto varios fallos anteriores del Tribunal Supremo. Destruyó McCain-Feingold, legalizó el desmadre que hoy facilita la actividad de los Superpacs y la compra de políticos. En su opinión mayoritaria, el magistrado Anthony Kennedy hizo la insólita afirmación de que una corporación gozaba de los mismos derechos que un individuo bajo la Primera Enmienda. La forma en que el juez Roberts orquestó la sentencia fue una manifestación descarnada de activismo judicial que desmentía su supuesto rechazo del sectarismo destructivo.

Cuando asumió su cargo, Roberts dijo que quería evitar las decisiones “5-4” porque si el pueblo percibía el tribunal como una entidad dividida por fisuras partidistas perdería confianza en la institución. Tenía razón. En la década de los 90 el ochenta por ciento del pueblo estadounidense aprobaba la actuación del Tribunal Supremo. Hoy, sólo el 44 por ciento ve la corte con buenos ojos. Además, después de Citizens, es posible que las fuertes críticas de algunos de sus colegas hayan ido convenciendo al magistrado de la necesidad de detener la aparente polarización del Tribunal. Tal vez eso explique sus votos con la mayoría “liberal” en Arizona v. United States y en el dictamen de Obamacare.

Mientras tanto, no es sano hacerle demasiado caso a los partidarios exaltados de esta “Ley de Salud Asequible” ni a los encolerizados críticos que predicen el fin de los tiempos como consecuencia de la reforma sanitaria. De momento, poco va a cambiar. Se intensificará el uso de Obamacare como arma propagandística en la envenenada atmósfera del debate político nacional. Al igual que el magistrado John Roberts, todos estaremos expuestos a la contaminación retórica de una temporada electoral que no coincide con los itinerarios del Tribunal Supremo.