BROWNSVILLE -- Las familias de dos agentes de inmigración baleados hace más de un año en una carretera en México renovaron el viernes su demanda de que el gobierno estadounidense explique las decisiones que los colocaron en esa situación y responda a preguntas de cómo es que armas compradas en Estados Unidos cayeron en manos de los agresores.

Los padres de Jaime Zapata, el agente asesinado que pertenecía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se sumaron a la hermana del agente herido Víctor Avila para apremiar al gobierno a que responda si las armas utilizadas en el ataque son responsabilidad de una operación de las autoridades en Texas.

Esa operación sería similar a una llevada a cabo en Arizona, mediante la cual se permitió que armas compradas ilegalmente fueran enviadas de contrabando a México con el propósito de rastrearles la ruta hasta delincuentes de alto rango.

Dos de las armas, de acuerdo con el rastreo, pertenecían a las que fueron adquiridas ilegalmente en Texas.

Las familias hicieron sus declaraciones en la localidad de Brownsville, donde vivía Zapata, un día después de que la Cámara de Representantes federal aprobó declarar en desacato al secretario de justicia Eric Holder por no facilitar documentos sobre una investigación de la llamada Operación Rápido y Furioso en Arizona.

En ese caso, agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos perdieron la pista de cientos de armas a las que rastreaban con el propósito de observar la ruta que seguían hacia estamentos superiores de las organizaciones delictivas.

El Departamento de Justicia ha prohibido por política de larga data el “desplazamiento” de armas compradas hasta cierto punto en tanto que dos de las mismas correspondientes a esa operación fueron encontradas en el lugar donde fue asesinado el agente fronterizo Brian Terry.