El Tribunal Supremo del país decidió sobre la constitucionalidad de la aprobada ley de la salud. El punto crucial, la obligación de comprar seguros de salud para evitar una multa, fue negada como parte del estatuto de libre comercio, pero la potencial multa fue declarada constitucional, si se hacía como un impuesto.

A pesar de que la premisa de que para poder sufragar el costo adicional existían gravámenes fuera vehementemente negada por los legisladores y nuestro presidente Obama, los abogados del Departamento de Justicia ofrecieron esa alternativa al Tribunal. A priori de la decisión, los demócratas criticaron al tribunal como partidista en vista de la posible derrota de la ley. Ahora los republicanos critican al presidente del tribunal, John Roberts, diciendo que traicionó sus principios conservadores.

Para los que como yo amamos y respetamos nuestra Constitución, comprendemos que el balance de poderes establecido en esta triunfó. Lo que diferencia nuestra máxima ley y la hace única es que además de separar los poderes hace un balance delicado para evitar los abusos de una mayoría o de uno de ellos. La Cámara de Representantes inicia las legislaciones por simple mayoría y la aprobación se dificulta en el Senado, que requiere una supermayoría. El pueblo con su voto juzga la actuación de los representantes cada dos años como contrapeso a su fácil aprobación de leyes.

En este caso específico, el Supremo evitó “legislar” y dio gran latitud al Congreso. John Roberts, en su declaración, hizo gran hincapié en que una ley constitucional no era por definición buena ni mala y si alguna se consideraba perjudicial por los votantes, se cambiaba a los legisladores. En las próximas elecciones el pueblo, con su voto, determinará el valor de la ley sobre la salud, pero por el momento ganó nuestra Constitución.

Fernando J. Milanés

Miami