Aunque con limitadas fuentes de ingreso, Paraguay alborotó las estadísticas en 2010. Su PIB fue el que más creció en la región. Por decir algo: su ritmo de incremento interanual superó varias veces el decrecimiento o, parodiando a Giscar d’Estaing, el “antidesarrollo” venezolano, no obstante disponer la tierra de Bolívar de fabulosos ingresos fiscales y de divisas. Algo malo estaría haciendo el sedicente gobierno revolucionario cuando, pese a disponer de las reservas más altas del mundo, fue el único socio de la OPEP con crecimiento negativo.

Paraguay es pues un país al que más vale respetar. Remover su fibra nacionalista con destemplados manejos imperialistas puede ser en extremo contraproducente.

Consideré un error político la destitución del presidente Lugo. Aunque el Congreso paraguayo se haya atenido a lo dispuesto en la Constitución y su decisión fuera convalidada por el TSJ; así sea evidente la abrumadora votación en Diputados y el Senado, lo procedente tal vez hubiera sido ponderar el acuerdo con criterios más políticos que jurídicos.

La Constitución de Paraguay no contempla la reelección y el presidente Lugo había puntualizado que no incurriría en la mala práctica de incluirla en su texto. Pues bien, en ocho escasos meses se realizarán las elecciones. Lugo saldría del poder de todas, todas. Sin traumas se hubiese cumplido la transición. No es hombre de temperamento violento ni fundamentalista. Claro está, no sería Chávez quien es, si no le tendiera el brazo tratando de ganar el seguidor que antes no tenía.

Lugo carece de un partido propio –quizá ahora, con ayuda de cierta camorra internacional quiera dotarse de uno– por lo que el “luguismo” tampoco podría mantenerse en el mando. En la coalición que hizo posible la victoria del ex arzobispo la fuerza principal es el partido liberal de Federico Franco, vicepresidente y ahora presidente interino.

Frente a las animosidades despertadas por el incidente paraguayo, leo un díptico de Capriles afortunado en su sencillez: fue precipitado el juicio parlamentario, pero eso no justifica –y hay que rechazarla– la maquinación punitiva contra Paraguay.

La no intervención no tiene otra lectura que esa: los países dictan sus propias resoluciones en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Los paraguayos son los encargados de resolver sus problemas, no los césares imperiales.