Disculpen el atrevimiento, pero Brasil, Argentina, Colombia y otros varios países latinoamericanos tienen mucha de la culpa por la reciente salida forzada del ex presidente paraguayo Fernando Lugo: han permanecido en silencio ante tantas violaciones a la democracia en Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba que han contribuido a crear un clima de “vale todo"' en la región.

La defensa selectiva de la democracia de muchos países latinoamericanos — que ponen el grito en el cielo cuando presidentes de derecha atropellan las libertades democráticas, pero no dicen una palabra cuando presidentes de izquierda hacen lo mismo— ha dado como resulto una constante erosión de la democracia.

El nuevo gobierno paraguayo del presidente Federico Franco, que fue suspendido del Mercosur, argumenta que el Congreso paraguayo actuó estrictamente dentro de los límites de la Constitución cuando depuso a Lugo el 22 de junio.

El artículo 225 de la Constitución de Paraguay permite que el congreso paraguayo enjuicie al presidente “si desempeña mal sus funciones” y si —tal como ocurre en los sistemas parlamentarios— dos tercios de ambas cámaras del congreso votan su destitución. La votación contra Lugo fue de 39 a 4 en el Senado y de 73 a 1 en la Cámara de Diputados.

Pero los críticos señalan— acertadamente— que el procedimiento no cumplió el proceso debido, porque no se le dió a Lugo el tiempo necesario para preparar su defensa. Aunque el artículo de la Constitución no especifica cuánto tiempo se debe dar al presidente, otros artículos dicen que todo individuo tiene derecho “al tiempo indispensable para preparar su defensa”. Lugo había pedido 18 días, pero sólo se le concedieron dos horas.

En cualquier caso, los legisladores que orquestaron la destitución forzosa de Lugo deben haber sentido que su "juicio político express" era un pecadillo menor comparado con las violaciones de los derechos democráticos que estan teniendo lugar en otros países de la region, sin ninguna consecuencia diplomática.

En las elecciones de 2011 en Nicaragua, no hubo ninguna queja oficial latinoamericana cuando el presidente Daniel Ortega se hizo reelegir para un tercer período presidencial pese a todo tipo de irregularidades. La misión de observación electoral de la Unión Europea afirmó que el resultado electoral fue ''opaco", y que el proceso "fue conducido por un sistema electoral que no era independiente”.

Casi todos los observadores internacionales coincidieron que la candidatura de Ortega para la reelección estaba prohibida por el artículo 147 de la Constitución nicaragüense, que prohibe la reelección consecutiva, o por más de dos períodos. Pero Ortega consiguió que los jueces sandinistas dictaminaran — en un procedimiento ilegitimo - que la cláusula constitucional no se aplacaba en este caso.

De manera semejante, tampoco hubo quejas latinoamericanas cuando el presidente venezolano Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a mas de 270 lideres opositores en las elecciones para gobernadores estatales de 2008.

Tampoco hubo reclamos regionales cuando Chávez decidió no renovar la licencia de la cadena televisiva independiente RCTV, ni cuando desconoció la voluntad de los votantes venezolanos, que en 2008 eligieron al candidato opositor Antonio Ledesma como alcalde de Caracas. Tras la victoria electoral de Ledesma, Chávez creo un nuevo cargo por encima del alcalde de Caracas, y le quito a Ledesma casi todos sus poderes, y virtualmente todo su presupuesto oficial.