No es la primera vez que un jefe de estado uruguayo arma revuelo planteando una liberalización de las drogas. El pionero quizá fue el presidente Jorge Batlle, quien en octubre del 2000, en Santiago de Chile y flanqueado por sus colegas de Argentina, Fernando de la Rúa y Ricardo Lagos de Chile, ante unos 350 hombres de prensa, habló de la “liberación” como el camino que habría que transitar en el combate contra la droga.

Batlle (2000-2005), un liberal defensor de la economía de mercado, se adelantó en su idea a la que hoy llevan adelante expresidentes como Ernesto Zedillo de México, César Gaviria de Colombia y Fernando Henrique Cardoso de Brasil, para contemplar esa salida como alternativa a las políticas represivas cuya eficacia muchos ponen en duda. Pero el presidente uruguayo, hombre amigo de hacer declaraciones explosivas –quizás la más recordada fue aquella referida a sus vecinos “los argentinos son una manga de ladrones, desde el primero hasta el último”– se quedó en el amague. En algún momento se consideró durante su gobierno una legalización de la marihuana, pero no pasó de eso.

Mucho más lejos ha ido ahora el presidente José Mujica, un ex tupamaro al frente del segundo gobierno de izquierda elegido por los uruguayos, quien ya anunció una iniciativa para concretar una liberalización controlada de la venta y producción de cannabis, en el marco de una serie de medidas para poner fin a la creciente inseguridad que agobia a los ciudadanos y que es, particularmente, uno de los puntos flacos de su administración.

Mujica, quien también recela de la vía represiva –“lo que estamos haciendo es gastando plata y perdiendo la guerra contra los narcos”– cree que a través de una apertura, controlada por el Estado, se le quitará poder y hegemonía a los narcotraficantes, se podrá llevar un mejor registro y atención de los adictos, y además, un tema que preocupa al mandatario, se procuraría lograr un desvío en el consumo desde la pasta base hacia la marihuana. Las autoridades uruguayas vinculan el incremento de los delitos violentos en el país, que se han multiplicado por diez, al aumento del consumo de la pasta base de cocaína entre los jóvenes, mayoritariamente marginales, que además de ser más barata, lleva a sus consumidores a unos estados muy extremos de euforia y alienación.

Pero tampoco esta medida resulta muy revolucionaria en el Uruguay, país en que el Estado maneja y controla el juego y es productor de bebidas alcohólicas y de alcohol, y donde el consumo de marihuana no está penado, aunque sí su venta. Esta especie de contradicción –fumar marihuana es legal, pero al momento de comprarla se incurre en alguna forma de delito– incluso ha impulsado proyectos de ley, actualmente en el Congreso, autorizando el autocultivo de cannabis.

La nueva iniciativa, entonces, no es tan innovadora, y tendría como propósito alcanzar además esos otros fines vinculados a la seguridad, no obstante lo cual, ha generado discrepancias a nivel interno, y más desde el exterior, lo que hace difícil hacer un pronóstico de cuál va a ser su suerte.

Alimentan también las críticas y diferencias las otras medidas que acompañan a esta iniciativa liberadora, como son el aumento de penas para delitos cometidos por menores de edad, la internación compulsiva de adictos extremos a la pasta base –cuestionadas dentro de la propia izquierda– y un control que se pretende imponer a los medios de información respecto a las noticias sobre hechos violentos y policiales, que se consideran atentatorias de la libertad de prensa.

En fin, si algunos piensan que el Uruguay se transformará en una especia de paraíso o meca a donde peregrinar, todavía eso no está tan seguro. Hay un camino previo por recorrer y seguramente si se avanza se llegará a una liberalización muy controlada.