El arresto de tres policías de Homestead acusados de brutalidad contra inmigrantes hispanos y de encubrir los incidentes hace más de un año ha reabierto viejas heridas en esta comunidad, cuyos líderes alegan que la violencia policial es “pan de cada día”.

“Esto debió haber pasado mucho tiempo atrás con muchos otros policías”, declaró Hermán Martínez, un activista que ha trabajado en Homestead desde 1983. “Aquí te golpean y, como son indocumentados, te llevan de una sola vez a Krome, [el centro de detención de inmigración], y te deportan. En el caso de estos muchachos, la pregunta es la misma de siempre: ¿Por qué ha tardado tanto tiempo para terminar la investigación?”.

El lunes por la noche, las autoridades arrestaron al sargento Jeffrey Rome, de 56 años, por supuestamente atacar a tres hombres en febrero y abril del 2011 afuera del bar Celio’s Latin Quarter, donde trabajaba como guardia de seguridad después de su horario de servicio. El establecimiento, conocido como “La Piedrita”, es frecuentado por los trabajadores agrícolas de Homestead.

Rome enfrenta cargos graves por asaltar a un anciano, detención ilegal y obstruir el trabajo de los paramédicos. También se le acusa de otro cargo menor de asalto.

El arresto también saca a la luz una antigua tensión entre los policías y la comunidad de indocumentados que ha denunciado la discriminación racial y el abuso. Rome es angloamericano; sus víctimas incluían guatemaltecos y mexicanos, según dijeron sus amigos.

Los inmigrantes hispanos rutinariamente han denunciado supuestos abusos en Celio’s por parte de la policía cuando Rome trabaja de guardia de seguridad, según el informe de arresto firmado por el detective Antonio Aquino, a cargo de la Unidad de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Homestead.

Durante una conferencia de prensa el martes, el alcalde Steve Bateman dijo que su administración no permitiría el atropello contra la comunidad de inmigrantes de Homestead.

“Nos sentimos mal por lo ocurrido”, comentó Bateman. “No vamos a tolerar la discriminación”.

También fueron arrestados la sargento Lizanne Deegan, de 44 años, y el agente Giovanni Soto, de 40, acusados de encubrir el incidente. Soto enfrenta un cargo de asalto y otro por mala conducta en el ejercicio de la profesión. Deegan enfrenta un cargo por mala conducta.

Los tres han sido separados de su trabajo con pago desde abril del 2011, como indica el contrato laboral.

“Se les sigue pagando porque ellos no han sido encontrados culpables”, afirmó el detective Fernando Morales, vocero del departamento.

Activistas como Martínez no eran los únicos que se preguntaban por qué la fiscalía tardó más de un año para imponer los cargos contra Rome y los otros oficiales. El martes, líderes del sindicato que representa a los policías acusaron a la Oficina de la Fiscalía Estatal de tener motivos políticos. Actualmente Fernández Rundle está en campaña para mantener su cargo durante las próximas elecciones de agosto.

“Esto apesta a política”, indicó John Rivera, presidente del Asociación Benevolente de la Policía (PBA) del Condado Miami-Dade. “Si estos policías verdaderamente cometieron el delito por el cual se les está acusando ahora y la fiscalía tenía hace tiempo un buen caso, entonces debieron haberlos arrestado hace meses y no haber esperado hasta el mes antes de las elecciones”.