COLUMBIA, Carolina del Sur -- Un juez federal señaló que probablemente necesitará revisar su orden que suspendió temporalmente la mayor parte de la dura ley de Carolina del Sur contra la inmigración ilegal, ahora que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó casi toda la ley de Arizona, en la cual se basaron algunas de las políticas de la versión de Carolina del Sur.

El juez federal de distrito Richard Gergel agendó para el lunes una conferencia sobre la demanda del gobierno federal contra Carolina del Sur. Indicó en documentos de la corte emitidos recientemente que su orden que bloquea la aplicación de la ley probablemente necesitará ser revisada, dada la decisión del máximo tribunal de la nación.

El mes pasado, la Corte Suprema revocó la mayor parte de la ley de inmigración de Arizona, pero dejó intacta una provisión que permite a agentes del orden preguntar el estatus de inmigración a las personas que detengan por motivos diversos.

Carolina del Sur había estado esperando el resultado de la demanda, dado que existe una querella similar presentada aquí en diciembre por el gobierno federal y la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés).

El gobierno y la ACLU impugnaron la constitucionalidad de la ley de Carolina del Sur, la cual fue modelada sobre el estatuto de Arizona e incluyó una cláusula de revisión de estatus similar a la aquel estado.

Previamente este año, el juez Gergel emitió una orden deteniendo la demanda de Carolina del Sur al estar pendiente el fallo del caso de Arizona después que fiscales federales y abogados representantes del estado le pidieron que lo hiciera.

Alan Wilson, secretario de Justicia de Carolina del Sur, quien está representando al estado, había solicitado originalmente que se permitiera que la ley completa entrara en vigor el 1 de enero mientras avanzaba la demanda, pero Gergel rechazó la solicitud.

En lugar de ello, bloqueó varias cláusulas de la ley. Entre ellas está el requerimiento de verificar el estatus de inmigración y otras que convierten en delito estatal no portar documentos de inmigración, o que inmigrantes sin permiso de estancia en el país se transporten en el estado o consigan vivienda.

Pero algunas cláusulas entraron en efecto el 1 de enero como estaba programado, incluido un requerimiento de que los negocios verifiquen la condición migratorias de sus nuevas contrataciones a través de una base de datos federal.

Por ahora, fiscales federales han dicho a las autoridades de Carolina del Sur que acaten la orden original del juez que suspende la aplicación de la ley.

A fines de junio, Wilson escribió al director de Seguridad Pública Leroy Smith solicitando que sus agentes estuvieran advertidos de que, hasta que se levante el mandato en Carolina del Sur, no se puede implementar la provisión de revisión de estatus, independientemente de la decisión de la Corte Suprema.