Desde antes de su presente posición como Procurador General de la República, como el policía No. 1 del país, he seguido la vida pública de Eric Holder. El Día de Acción de Gracias en noviembre de 1999, cuando el niño Elián González fue rescatado de las aguas del Atlántico por dos pescadores y la mano de Dios, las autoridades locales decidieron que su caso sería puesto en manos de cortes familiares en el estado de la Florida y el asunto sería procesado así. La sociedad local, todavía maravillada por lo que veíamos como un milagro, aceptaba la decisión y permanecía tranquila.
Fue entonces cuando la Procuradora General Janet Reno puso a cargo del caso a su Procurador Asistente: Eric Holder. En menos de 24 horas, Holder determinó que el caso no sería responsabilidad de cortes damiliares sino del Depto. de Inmigración. Doce horas después, las calles del condado Miami-Dade se convirtieron en el escenario de protestas por un pueblo que se sentía traicionado por la Casa Blanca y el Depto. de Justicia.
Eric Holder parecía extrañar la atención pública. Y ahora, es el Procurador General. En una columna el pasado 22 de agosto dije: “Las solicitudes de información de los comités congresionales presididos por el Rep. Darrell Issa (R-Calif) y Charles Grassley (R-Iowa) se han visto bloqueadas, a cada paso, por la misma persona: el Procurador General de la República Eric Holder. Los congresistas encargados de la investigación le han enviado innumerables cartas a Holder hasta el punto de aconsejarle que se deje de darle vueltas al asunto, coopere a exponer la verdad y deje de tratar el escándalo Gunwalker como un problema de relaciones públicas. Sin embargo, lo que sale de la oficina de Holder es una cortina de humo y documentos donde el 80 por ciento de la información ha sido tachado con tinta negra. Mientras tanto, la prensa nacional mantiene su cobertura de este escándalo en el fondo de la gaveta”. ¡Y eso fue hace más de nueve meses! No en balde, Rep. Issa ha tomado las medidas finales a su alcance y declarado a Holder “en desacato del Congreso”. La reportera Katie Pavlich, de la publicación Townhall, quien acaba de publicar un libro sobre Gunwalker explica la actitud de Holder así: “Complicaría la campaña de reeleción de Obama. La gran mayoría de los medios de prensa no quieren reportar una historia que hace lucir mal al presidente en un año de elecciones, por lo tanto, se han convertido en cómplices del encubrimiento”. Como ya hemos mencionado en una columna anterior, esta situación ha sido prolongada por Holder para evitar que sea expuesta antes de las elecciones de noviembre. La administración Obama se ha refugiado en el principio de Privilegio Ejecutivo y la nación funciona con su máxima figura legal en desacato criminal del Congreso. Las magulladuras políticas no se harán esperar.
¿Y qué ha hecho la prensa nacional? The New York Times ha editorializado que “el artículo II de la constitución da al Congreso el poder de impugnar al Presidente, y al Vicepresidente y a todo oficial civil de Estados Unidos, lo cual incluye a los miembros del Gabinete”. El NYT editorializó que “...el derecho del Congreso de demandar explicaciones le impone al Presidente y a oficiales del Ejecutivo que hablen por él, la obligación de decir la verdad”. El NYT también aseveró que “un Procurador General que decida testificar no tiene derecho a mentir, ni afirmativamente ni reclamando falsamente el no recordarse de los eventos. Mentirle al Congreso es un delito de mayor cuantía ( a felony), es más, tres delitos: perjurio, declaraciones falsas y obstrucción de justicia”. El NYT recomendó “impugnación”( impeachment) como remedio final y le recordó al Congreso que reconociera que esta cuestión es más profunda que el mal comportamiento de un hombre”.
Claro que The New York Times dijo todo eso con respecto a un Procurador General republicano, Alberto González, en una columna editorial en mayo del 2007. Yo espero que esa posición, apasionada y de principios, no haya cambiado.
Es hora de que Eric Holder se vaya.





























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