NUEVA YORK -- Nació en México y vive en Estados Unidos. Pero Laura Rocío Ordóñez oficialmente no existe en ningún país.

No puede abrir una cuenta bancaria, casarse ni estudiar. Es invisible a los ojos de ambos gobiernos.

Ocurre que la mujer, de 40 años, no solo se encuentra en Estados Unidos ilegalmente, sino que tampoco tiene documentos mexicanos. Esto la pone en una situación más desventajosa todavía que la de los extranjeros que viven en el país sin autorización legal pero sí tienen documentos de su patria de origen.

Bancos como Chase, Citibank o Banco Popular aceptan matrículas consulares y pasaportes para que los inmigrantes sin papeles puedan abrir cuentas corrientes o de ahorro. Las escuelas públicas de Nueva York aceptan los mismos documentos para que los inmigrantes irregulares puedan entrar en sus recintos y participar en reuniones con los maestros de sus hijos.

Los inmigrantes sin papeles que disponen de ciertos documentos de su país natal pueden obtener un número identificación fiscal (ITIN, por sus siglas en inglés) que permite pagar impuestos en Estados Unidos y tener acceso a crédito o hipotecas.

Ninguno de estos recursos está al alcance de personas como Ordóñez, que ni siquiera pueden afiliarse al Seguro Popular de salud de México desde Estados Unidos o solicitar becas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para la educación superior. Están condenadas a una existencia extremadamente marginal.

“Sientes impotencia, frustración”, dijo la inmigrante, bajita y de ojos grandes y negros. “Esto me ha afectado mucho”.

“Puedo estudiar inglés aquí, en centros comunitarios, pero no puedo ni sacarme un título de GED (equivalente al diploma de la escuela secundaria)”, dijo Ordóñez, quien trabaja en una tienda de comestibles en Brooklyn. La mexicana no sabe si sus padres no la registraron cuando nació y no se preocupó de solucionar el tema cuando vivía en México.

Varios organismos oficiales mexicanos dijeron no tener estadísticas acerca de las personas cuyos nacimientos no fueron registrados, pero el presidente de la organización no gubernamental Be Foundation Derecho a la Identidad, que estudia este tema, Oscar Ortiz Reyes, dijo que en el 2008 eran el 14% de la población -unos 14 millones de personas-, según datos del Banco Mundial.