Compañías del sur de la Florida que tienen vínculos con Cuba están preocupadas sobre una medida en el Congreso que les prohibiría recibir contratos del Departamento de Defensa federal si continúan haciendo negocios con la isla.

El representante David Rivera, republicano de Miami, insertó esa pequeña cláusula en un enorme proyecto de ley de gastos de Defensa que fue aprobado en mayo en la Cámara. La prohibición se aplicaría a todo aquel que haga negocios con países que Washington considere como patrocinadores del terrorismo, entre ellos Siria, Sudán e Irán.

Una versión del proyecto de ley en el Senado no contiene la cláusula, pero Rivera indicó que estaba en conversaciones con varios senadores para convencerlos de que lo añadan como “una cuestión de seguridad nacional”. No está claro si la medida podría ser aprobada por el Senado o sobrevivir a un comité bicameral.

Los negocios en Cuba — tanto de firmas extranjeras como compañías estadounidenses con licencia del Tesoro de EEUU para vender alimentos, medicinas u ofrecer servicios de viajes — están preocupados de que, si la medida llega a convertirse en ley, se verían forzados a escoger entre sus clientes en un momento de demorado crecimiento en la economía global.

Debido a que muchas compañías grandes hacen más negocios con las fuerzas armadas estadounidenses que con Cuba, la medida podría acabar de hecho con sus nacientes ventas a la Mayor de las Antillas, a menos que funcionarios de Defensa les ofrezcan una dispensa, según abogados y consultores especializados en los negocios con Cuba,

Entre los afectados podrían estar compañías estadounidenses con licencia para vender en Cuba tales como las gigantes de la industria alimenticia ADM, Cargill, Perdue y Tyson; la naviera estadounidense Crowley; y gigantes extranjeros como el líder de la construcción en Brasil, Odebrecht. Crowley opera rutas de envío a Cuba desde Port Everglades en Fort Lauderdale. Odebrecht está construyendo el proyecto de $360 millones de MetroRail al Aeropuerto Internacional de Miami.

Los partidarios de una línea dura en la Florida consiguieron recientemente poner en vigor una ley similar prohibiendo contratos estatales y locales de $1 millón o más a compañías que hagan negocios con Cuba. Pero esa ley fue bloqueada recientemente por un juez federal, quien afirmó que la política exterior de EEUU era dominio del gobierno federal y no de un estado.

Rivera declaró que su medida federal afectaría fundamentalmente a firmas extranjeras en busca de contratos con las fuerzas armadas de EEUU tales como Odebrecht, la cual está ahora construyendo una expansión del Puerto del Mariel, en Cuba, por $800 millones, y la española Repsol, que recientemente estuvo excavando en busca de petróleo junto a las costas cubanas.

Pequeñas compañías estadounidenses que venden alimentos a Cuba o llevan a cubanoamericanos a visitar a sus parientes en la isla no se verán afectadas si no tratan de conseguir trabajo en la Defensa, aseguró.

“El impacto práctico significaría que crearíamos más oportunidades para compañías estadounidenses y empleos estadounidenses, porque compañías como Odebrecht y Repsol no podrían hacer negocios con el Departamento de Defensa”, si ellos hacen negocios con estados patrocinadores del terrorismo, explicó Rivera.