WASHINGTON -- El gobierno de Estados Unidos presentó el miércoles la traducción al español de la página web Making home affordable ( Haciendo la vivienda asequible) que representa una ayuda a los afectados por la crisis hipotecaria en el país, que resultó especialmente intensa entre la población de habla hispana.

“No hay duda de que la comunidad latina ha sufrido un impacto de forma desproporcionada de la crisis, pero juntos podemos remontarlo ofreciendo oportunidades para mantenerse en los hogares”, aseguró el miércoles Shaun Donovan, secretario de Vivienda del gobierno de Barack Obama, en una conferencia telefónica.

“Es una forma fácil para la gente de recibir ayuda. (…) A mucha de la gente que está sufriendo y luchando le cuesta pedir ayuda”, añadió un secretario asistente del Tesoro, Tim Massad.

La dirección electrónica del portal es http://www.makinghomeaffordable.gov/spanish.

El miembro del Departamento del Tesoro comentó que a los afectados “les aterra hablar con su banco, los documentos hipotecarios son muy complicados y estos miedos son mucho peores para los ciudadanos para los que el inglés es su segunda lengua”.

La directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, subrayó: “Los hispanos en particular nos hemos visto muy afectados por la crisis de las viviendas y es debido a las depredadoras prácticas de prestamistas que llevaron a una gran porción de hispanos a que recibieran créditos de alto riesgo”.

Según datos del centro de investigación Pew Hispanic, de cada cien hispanos sin vivienda propia en la actualidad, siete perdieron su propiedad por embargo hipotecario durante el 2011.

Además el acceso a la propiedad entre la comunidad latina es del 47.4%, lejos del 73.7% de la población blanca.

“Esta Administración ha trabajado para abordar la crisis de la ejecución hipotecaria”, destacó Muñoz, que considera la web como uno de los brazos de esta política gubernamental.

En febrero, el gobierno aseguró que los hispanos son uno de los grupos más favorecidos por el acuerdo por el que cinco de los mayores bancos de Estados Unidos deben pagar al gobierno unos $25,000 millones para paliar los daños derivados de los abusos hipotecarios.