LOS ANGELES -- Activistas proinmigrantes dicen que el gobierno del presidente Barack Obama tiene una nueva oportunidad para hacer realidad sus promesas a la comunidad hispana, ahora que en Los Angeles se están revisando casos de deportaciones en base al plan del ejecutivo.

“Es la última oportunidad que tiene el gobierno para demostrar que el plan para examinar estos casos fue creado con seriedad y buenas intenciones y que no fue sólo un juego político”, dijo el jueves Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles. “Tenemos altas expectativas de lo que van a hacer en Los Angeles”.

Las reacciones ocurrieron durante la primera semana de la revisión de los casos de deportación en el área de Los Angeles.

El resultado de estas evaluaciones es importante dado que Los Angeles tiene la mayor cantidad de casos en cortes de inmigración en el país, unos 53,000 o 17 por ciento del total nacional, de acuerdo con activistas.

“Dada la cantidad de casos en Los Angeles, inmigración tiene la oportunidad de hacer realidad las promesas que hizo al anunciar la revisión de los casos, de enviar el mensaje que está tomando en serio los (llamados) Memos de Morton y que los está haciendo cumplir rigurosamente”, dijo Joshua Stehlik, abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias. “Hasta ahora nos han defraudado con las evaluaciones, así que esta vez tenemos esperanzas pero estamos preocupados”.

Del total de casos en Los Angeles, 35,000 fueron examinados previamente. O sea que ésta y la siguiente semana, cuando las cortes de inmigración cerrarán parcialmente para este propósito, se revisarían unos 18,000 casos, de acuerdo con Stehlik.

Estas cifras surgieron el mes pasado durante reuniones entre congresistas, activistas pro-reforma migratoria y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, y de la Oficina Ejecutiva para Revisiones Migratorias, que administra el sistema nacional de cortes de inmigración, según Stehlik, uno de los participantes en estas reuniones.

En agosto, el gobierno de Obama anunció que se evaluarían cerca de 300,000 casos de deportación y que probablemente se suspendería indefinidamente aquellos casos sin delitos graves, que no representen una amenaza pública o de seguridad nacional.

Activistas pro inmigrantes alabaron esta decisión pero críticos la rechazaron tachándola de estratagema del gobierno para evadir al Congreso.

Desde entonces, sin embargo, intercesores de inmigrantes han criticado al gobierno por otorgar muy pocas suspensiones de deportaciones tras las evaluaciones ofrecidas.

Hasta el 29 de mayo, el ICE había examinado 288,361 casos de deportación, según el Centro Nacional de Leyes Migratorias. De estos, 20,648 (7.16 por ciento) fueron identificados como aptos para suspensión de deportación según poder discrecional pero sólo se les ofreció este beneficio a 8.361 casos. El resto de los casos estaba en proceso de revisión de antecedentes.

Y de los casos que recibieron ofertas de cese de deportación, sólo 4,363 (o 1.5 por ciento de los casi 290 casos revisados) aceptaron el beneficio. Muchos no lo habrían aceptado porque tenían mejores alternativas, agregó Stehlik.

Activistas proinmigración como Salas y Pablo Alvarado están usando este bajo porcentaje para sustentar sus críticas hacia el gobierno de Obama.

“No tengo muchas expectativas. No creo que el número total vaya a cambiar mucho”, dijo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, organización que ha seguido de cerca este proceso a través de su departamento legal. “Creo que será inútil y que sólo será un parapeto político porque no está reduciendo el número de deportaciones”.

El ICE explicó través de su portavoz Virginia Kice que “las evaluaciones están diseñadas para permitir que la agencia haga mejor uso de sus recursos limitados al enfocarse en casos que tienen el mayor efecto en la seguridad pública y la integridad del sistema de inmigración, como casos relacionados con inmigrantes convictos y fugitivos”.