Ana Díaz y su esposo Juan compraron su casa frente a la autopista 836 poco después de llegar de Cuba por el puente marítimo del Mariel en 1980.

En esa casa rehicieron su vida en el exilio, crecieron dos de sus hijos y murió Juan hace tres años.

“Tengo muchos recuerdos en esta casa”, declaró Díaz durante una entrevista en el comedor de su casa el jueves.

Díaz, de 66 años, es una de 12 propietarios cuyas viviendas podrían resultar afectadas debido al proyecto de ampliación de la autopista 836 que comenzará el año próximo y se extenderá hasta el 2020, a un costo de $176 millones.

De las viviendas que podrían ser afectadas, 11 están en el lado norte de la autopista cerca de las avenidas 37 y 30, al este del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). La casa de Díaz está ubicada casi junto a la rampa de salida de la 836 a la 37 avenida.

La obra contempla la construcción de una nueva senda en cada sentido así como la modificación de rampas de acceso. El proyecto abarca desde la avenida 57 a la avenida 17. La primera fase, que no afecta propiedades residenciales, comenzará el próximo año entre la avenida 57 y LeJeune Road, según funcionarios de la Autoridad de Carreteras de Miami-Dade (MDX).

A partir de la segunda y tercera fases, de aquí a tres o cuatro años, ingenieros y diseñadores tendrán más información sobre como serían afectadas las propiedades. MDX aún carece de un plan de construcción para esas zonas. Según MDX, las opciones varían desde la compra de las propiedades a la compra de partes de las mismas.

Díaz y otros siete propietarios o familiares de estos fueron entrevistados por El Nuevo Herald el jueves, dos días después de que MDX realizara una audiencia pública sobre el proyecto.

Con la excepción de tres de los entrevistados, el resto afirmó que estaba dispuesto a considerar ofertas de MDX para adquirir sus viviendas.

“Yo realmente quiero quedarme en esta casa”, dijo Taurino Suárez, de 93 años, que ha estado viviendo en su propiedad durante los últimos cinco años. Suárez llegó de Cuba durante el éxodo de Camarioca en 1965.

Rebeca López declaró que su madre, que vive en la única de las mencionadas residencias al sur de la autopista, tampoco se mudaría por su propia voluntad. Agregó que no piensa revelarle nada a su madre, que tiene 77 años, para que no se angustie.

“Hace casi 50 años que mi madre vive ahí”, indicó López. La familia es originaria de Cuba.

Algunos de los entrevistados dijeron que habían sido notificados por MDX, pero otros afirmaron que no conocían del plan hasta que un reportero y un fotógrafo de El Nuevo Herald tocaron a sus puertas.

Uno de ellos es Nivia Reyes, que ha estado viviendo en su casa desde 1982.

“No sabía nada”, afirmó Reyes, de 75 años, que añadió que no piensa ceder su propiedad.

Carlos Aragón, de 50 años y originario de Nicaragua, señaló que supo del proyecto por un vecino.

Funcionarios de MDX dijeron que tienen registros que muestran que los propietarios fueron notificados.

Los propietarios que dijeron haber recibido notificaciones apuntaron que MDX les dijo que no harán ofertas concretas hasta dentro de tres o cuatro años.

Por lo general, MDX espera que propietarios interesados en vender se pongan en contacto con la agencia antes de que empiece la construcción. Si no lo hacen, entonces MDX se pone en contacto con ellos.

Los funcionarios de MDX explicaron que cuando un propietario quiere vender, la agencia contrata a un tasador independiente para determinar el valor del inmueble en el mercado.

En última instancia, si MDX requiere la propiedad y el dueño rehúsa vender, entonces la agencia puede invocar la ley conocida en inglés como Eminent Domain, bajo la cual el gobierno puede realizar una compra obligada pagando la debida compensación.