Mientras el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) pedía por primera vez a los gobiernos que protejan y garanticen la libertad de expresión en internet, un complicado debate sobre el papel de las empresas proveedoras de tecnología y servicios digitales en los países más autoritarios, ha cobrado intensidad.

La solicitud del CDHNU tras reconocer la semana pasada que la libertad de expresión digital y el acceso al internet es un derecho humano, coincidió con un inusual pedido de un grupo de ONGs estadounidenses, dedicado a denunciar violaciones a los derechos humanos en Cuba, Irán, Siria, Sudán y en otras dictaduras. En una carta dirigida a Google, Adobe, McAfee, Yahoo y Facebook, el grupo les exhortó a burlar los embargos económicos que imponen EEUU y la Comunidad Europea a los regímenes opresores, para seguir vendiéndoles software y tecnologías de la información.

Si bien los gobiernos represores usan esas tecnologías para censurar contenidos, vigilar y espiar internautas, el grupo considera que se trata de un mal menor, si se compara con el hecho de que el internet, las redes sociales y la telefonía móvil son las herramientas que los disidentes y opositores usan para denunciar abusos, convocar marchas y forzar cambios políticos.

El pedido es muy loable, pero a la vez complejo. Muchas de estas corporaciones, como Google, Apple, Microsoft, Siemens, Ericsson ya fueron sancionadas por vender software y tecnología o colaborar con gobiernos autoritarios, motivando en abril pasado una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que prohíbe “vender, ceder o proveer de cualquier manera bienes, servicios o tecnología... que pudieran poner en riesgo los derechos humanos”.

La solicitud de las ONGs desnuda otra disyuntiva permanente a la que se enfrentan estas compañías, entre aceptar las reglas de juego que imponen los gobiernos autócratas o no cumplir con sus objetivos de expansión comercial, como por ejemplo Google, que prefirió renunciar al mega mercado chino, a tener que prestar su motor de búsqueda para la censura oficial.

El dilema pudiera agravarse aún más en el futuro. Se prevé que para el 2020, de no establecerse una fuerte cultura ética y reglas estrictas, muchas empresas tecnológicas cederán a la presión de gobiernos totalitarios, debido a la competencia y los beneficios económicos. Así lo cree una mayoría de más de mil ejecutivos de Nokia, Netflix, Microsoft y Google, consultados por el Centro de Investigación Pew. Esta investigación también planteó dudas razonables sobre el nivel de libertad que habrá en el internet del futuro.

Todo podría empeorar, además, si se considera que en un futuro cercano los países democráticos no serían los únicos en poseer la llave de la ciencia y la innovación informática. Globalización y transferencia de tecnología mediante, los países autoritarios pronto podrían prescindir del extranjero.

Por ahora, a esos gobiernos les resulta suficiente con controlar mediante adquisición de tecnologías e imposición de leyes restrictivas. Rusia lo demostró esta semana. Diputados oficialistas aprobaron una ley sobre pornografía infantil que la oposición cree será usada para censurar Facebook y Twitter, redes que han sido fundamentales para organizar las marchas de protesta contra el fraude electoral que llevó a Vladimir Putin al poder. Es una treta parecida a la que usó Hugo Chávez, cuando pasó la cláusula de horario de protección al menor, que terminó siendo la clave para ordenar el cierre de medios como Radio Caracas Televisión.

Aparte de los intereses de gobiernos y empresas, preocupan otros controles más sutiles y que pasan desapercibidos, que también ponen en riesgo la libertad de expresión. Como los algoritmos personalizados, que utilizando nuestros likes y búsquedas, van creando nuestro perfil sobre la base de gustos y criterios. Con el tiempo, no solo se pierde privacidad, sino también se consume información complaciente, bloqueándose otros puntos de vista. Se trata de una filtración auto infligida; quizás, de autocensurainvoluntaria.

Mientras tanto, habrá que ver si la afirmación de Naciones Unidas de que el internet es un derecho humano, ayudará a que éste no solo se piense en función de avances tecnológicos y comerciales, sino de su influencia en la libertad y la conducta humanas.