En el verano del 2011, el arresto del representante federal David Rivera parecía casi cierto.

Agentes del Departamento del Cumplimiento de la Ley de la Florida (FDLE) habían leído montañas de recibos de tarjetas de crédito y documentos bancarios, siguiéndole la pista a miles de dólares de las campañas políticas de Rivera que habían ido a sus cuentas personales. Los fiscales de Miami-Dade preparaban el “borrador” de una demanda en que se acusaba al representante republicano con 52 cargos se robo, lavado de dinero y asociación ilícita.

La lenta investigación de las finanzas de Rivera “explica inequívocamente el robo y/o fraude de los fondos de campaña”, escribió Brett Lycett, inspector del FDLE en un correo electrónico del 5 de julio del 2011 a un fiscal. “Creemos que estas violaciones son bastante evidentes”.

Pero en los meses siguientes —después de que el abogado de Rivera le encontró huecos al caso— la confianza de los investigadores se sustituyó con un creciente escepticismo de los fiscales sobre los potenciales cargos. La demanda de 52 cargos que acusaba a Rivera de una malversación sistemática de los fondos de campaña no fue presentada nunca; en su lugar, los fiscales escribirían un memorando de 16 páginas en que explicaron por qué creían que no podían arrestar a Rivera.

Correos electrónicos recientemente dados a conocer y otros documentos de la investigación de Rivera muestran la creciente tensión entre el FDLE y la fiscalía de Miami-Dade mientras el caso pasaba de abril, cuando los fiscales —bajo la presión del FDLE para tomar una decisión— finalmente abandonaron lo abandonaron.

Unos seis meses antes, en noviembre del 2011, Gerald Bailey, comisionado de FDLE, urgió a Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade, a moverse más rápido, preocupado de que el retraso les iba a impedir presentar algunos cargos contra Rivera.

“Mientras que aprecio la necesidad de una cuidadosa deliberación en asuntos como éste, estoy preocupado de que el estatuto de limitaciones pueda convertirse en un problema si se demora más una decisión con respecto a una acusación”, escribió Bailey en su carta del 3 de noviembre a Fernández Rundle.

Para entonces —desconocido para Bailey o sus investigadores— los fiscales de Rundle ya habían ofrecido retirar los cargos criminales contra Rivera si el representante acordaba admitir violaciones civiles a las leyes electorales, según muestran los correos electrónicos.

Los agentes del FDLE se sintieron tan frustrados con las demoras que se acercaron a Willie Meggs, fiscal estatal en el condado Leon, para ver si él deseaba ocuparse del caso, de acuerdo con un memorando interno de FDLE de enero.

Meggs le dijo a The Miami Herald que fue contactado “informalmente” por un agente de FDLE, pero que no discutió los detalles del caso Rivera en deferencia a Rundle. “No quería excederme de mis límites”, comentó Meggs.

Rivera, representante republicano por Miami que busca ahora su reelección, ha negado desde hace mucho tiempo haber hecho algo mal. En una declaración emitida a través de su campaña, criticó la investigación como “frívola”.