En el verano del 2011, el arresto del representante federal David Rivera parecía casi cierto.

Agentes del Departamento del Cumplimiento de la Ley de la Florida (FDLE) habían leído montañas de recibos de tarjetas de crédito y documentos bancarios, siguiéndole la pista a miles de dólares de las campañas políticas de Rivera que habían ido a sus cuentas personales. Los fiscales de Miami-Dade preparaban el “borrador” de una demanda en que se acusaba al representante republicano con 52 cargos se robo, lavado de dinero y asociación ilícita.

La lenta investigación de las finanzas de Rivera “explica inequívocamente el robo y/o fraude de los fondos de campaña”, escribió Brett Lycett, inspector del FDLE en un correo electrónico del 5 de julio del 2011 a un fiscal. “Creemos que estas violaciones son bastante evidentes”.

Pero en los meses siguientes —después de que el abogado de Rivera le encontró huecos al caso— la confianza de los investigadores se sustituyó con un creciente escepticismo de los fiscales sobre los potenciales cargos. La demanda de 52 cargos que acusaba a Rivera de una malversación sistemática de los fondos de campaña no fue presentada nunca; en su lugar, los fiscales escribirían un memorando de 16 páginas en que explicaron por qué creían que no podían arrestar a Rivera.

Correos electrónicos recientemente dados a conocer y otros documentos de la investigación de Rivera muestran la creciente tensión entre el FDLE y la fiscalía de Miami-Dade mientras el caso pasaba de abril, cuando los fiscales —bajo la presión del FDLE para tomar una decisión— finalmente abandonaron lo abandonaron.

Unos seis meses antes, en noviembre del 2011, Gerald Bailey, comisionado de FDLE, urgió a Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade, a moverse más rápido, preocupado de que el retraso les iba a impedir presentar algunos cargos contra Rivera.

“Mientras que aprecio la necesidad de una cuidadosa deliberación en asuntos como éste, estoy preocupado de que el estatuto de limitaciones pueda convertirse en un problema si se demora más una decisión con respecto a una acusación”, escribió Bailey en su carta del 3 de noviembre a Fernández Rundle.

Para entonces —desconocido para Bailey o sus investigadores— los fiscales de Rundle ya habían ofrecido retirar los cargos criminales contra Rivera si el representante acordaba admitir violaciones civiles a las leyes electorales, según muestran los correos electrónicos.

Los agentes del FDLE se sintieron tan frustrados con las demoras que se acercaron a Willie Meggs, fiscal estatal en el condado Leon, para ver si él deseaba ocuparse del caso, de acuerdo con un memorando interno de FDLE de enero.

Meggs le dijo a The Miami Herald que fue contactado “informalmente” por un agente de FDLE, pero que no discutió los detalles del caso Rivera en deferencia a Rundle. “No quería excederme de mis límites”, comentó Meggs.

Rivera, representante republicano por Miami que busca ahora su reelección, ha negado desde hace mucho tiempo haber hecho algo mal. En una declaración emitida a través de su campaña, criticó la investigación como “frívola”.

“El borrador de la demanda fue un intento obvio por parte de los investigadores de intimidar, ejercer presión y extorsionar al representante Rivera para que entrara en un arreglo negociado”, señaló Rivera.

Rivera se mantiene como el objetivo de una investigación federal por separado del FBI y el IRS.

Incluso después de que Michael Band, el abogado de Rivera, presentó documentos a los fiscales e investigadores que, según él, mostraban que Rivera no malgastó ningún dinero de campaña, los agentes del FDLE estaban convencidos de que se debía acusar a Rivera, revelan los documentos.

“El análisis subsecuente del FDLE de la información recibida del Sr. Rivera no altera significativamente nuestras conclusiones originales”, escribió Bailey en su carta del 3 de noviembre a Rundle.

Band, un ex fiscal anticorrupción, indicó que no es poco frecuente para los investigadores de la policía y los fiscales tener puntos de vista diferentes sobre cómo se debe enfrentar un caso. “Hay una tensión natural entre el cumplimiento de la ley y los fiscales”, agregó. “Es una parte natural y, hasta cierto punto, saludable del sistema”.

Los fiscales de Miami-Dade y los agentes del FDLE comenzaron por primera vez a someter a escrutinio a Rivera en el otoño del 2010. En ese momento, Rivera, por mucho tiempo un legislador estatal, hacía campaña para un asiento en el Congreso federal, que ganó posteriormente ese año. La investigación se desencadenó por artículos de The Miami Herald que cuestionaron los ingresos de Rivera y sus informes financieros.

Investigadores encontraron que Rivera gastó miles de dólares en un mes en cuatro diferentes tarjetas de crédito y rutinariamente llenaba sus cuentas con dinero de sus fondos de campaña. Agentes rastrearon unos $65,000 de la cuenta de campaña que fueron usados para cubrir del 2006 al 2010 cargos en las tarjetas de crédito de Rivera, mostraron los registros.

A los agentes del FDLE les parecía que Rivera usaba las donaciones de campaña para subsidiar su estilo de vida: pagar cuentas de restaurantes, facturas médicas y viajes con su novia.

Los agentes también creían que Rivera usó los fondos de campaña para pagar por gastos que también se le habían enviado al estado, que cubre los viajes y otros costos a los legisladores que hacen su trabajo. Estimaron que Rivera cargó de forma doble al estado por más de $25,000, una acusación que Rivera ha negado repetidamente.

Para julio del 2011, los fiscales de Miami-Dade parecían estar de acuerdo con los investigadores y listos para presentar cargos contra el representante.

El 5 de julio, Band llamó al entonces fiscal Joe Centorino para ofrecerle una caja de documentos de Rivera que explicaban sus gastos de campaña. “Simplemente sugiero que, si va hacerlo, debe hacerlo muy pronto”, escribió Centorino en un correo electrónico posterior a Lycett, investigador de FDLE.

En las siguientes semanas, Centorino y otro fiscal, José Arrojo, comenzaron a escribir borradores de una demanda criminal contra Rivera, conscientes de que, mientras más tiempo pasara, el estatuto de limitaciones podía impedir el procesamiento en algunos delitos graves potenciales. “La Fiscalía Estatal espera ver al menos una orden de arresto en borrador, pero completa, para el fin de la semana próxima”, escribió Arrojo a los investigadores y fiscales en un correo electrónico del 5 de agosto.

Pero el caso contra Rivera comenzó a disolverse pronto.

El 23 de agosto, Rivera y Band se reunieron con Lycett, Centorino y el fiscal Howard Rosen para explicar las turbias finanzas del representante, que se detallaban en un documento de 149 páginas. Aunque parecía que Rivera había usado donaciones de campaña para pagar por sus tarjetas de crédito personales, Rivera insistió que los cheques mensuales de campaña no correspondían con las facturas mensuales de las tarjetas de crédito. Agregó que siempre tenía una deuda operativa por los costos extra de campaña, lo que le permitía a Rivera reembolsarse a sí mismo por las deudas pasadas.

“Cuando se me reembolsa, no quiere decir reembolsado por ese mes”, explicó Rivera a los investigadores, de acuerdo con notas sobre la reunión. “Siempre estoy en déficit”.

“Su sistema de contabilidad es un misterio”, le dijo Centorino.

Para complicar más las cosas: Rivera recaudó hasta $175,000 en donativos para sus campañas para ser miembro de un comité del Partido Republicano estatal. A diferencia de las donaciones de campaña para las oficinas legislativas, el dinero para los miembros de comités está muy poco regulado, permitiendo que Rivera lo empleara en cualquier gasto considerado incluso vagamente como político, alegó Band.

“Como miembro de un comité estatal, si él quería llevar a sus trabajadores de campaña a un club nudista, a un bar, podía hacerlo”, comentó Band a los investigadores, de acuerdo con las notas de la reunión. “Puede ser un contador pésimo, podemos estar de acuerdo. Pero podemos estar satisfechos de que no es un delincuente”.

(Band se quejó posteriormente de que las notas de la reunión no eran un reflejo exacto de la misma).

Lycett, del FDLE, pasó las siguientes semanas examinando los recibos de restaurantes, las cuentas de hotel y otros gastos que Rivera consideraba políticos. A Lycett le llamaron la atención unos $1,700 en cargos que Rivera contó como gastos tanto políticos como legislativos presentados al estado, según los documentos.

Otros $8,400 en gastos políticos reclamados por Rivera fueron pagados en días que Rivera recibía viáticos del estado por viajar por asuntos de la entidad, muestran los documentos del FDLE.

En ese momento, sin embargo, los fiscales parecían listos para presentar por completo el caso criminal.

Los fiscales concluyeron posteriormente que no podían acusar a Rivera con un cargo grave de robo por cargar doble las cuentas al estado, porque la ley estatal permite sólo cargos de delitos menores por abusar de los documentos de viajes estatales, con un estatuto de limitaciones de dos años que impedía el procesamiento de muchas transacciones. Cualquier intento de acusar a Rivera con cargos de un delito grave de robo, concluyeron los fiscales, probablemente sería desechado en una corte, de acuerdo con un memorando que cerró el caso.

En su declaración de campaña, Rivera afirmó que los gastos por viáticos los aprobaron funcionarios estatales, y agregó que cualquier acusación de cargos dobles era “patentemente falsa”.

Los fiscales también consideraron un caso de asociación delictiva basado en el malgasto en la campaña, pero al final determinaron que sería un procesamiento nunca visto antes. “Dicho de forma clara, no somos capaces de encontrar algún apoyo bajo la ley de la Florida para esta teoría”, escribieron los fiscales.

El 12 de octubre, Arrojo le envió una propuesta en un correo electrónico al abogado de Rivera: si éste admitía violaciones a las leyes electorales del estado, los fiscales estaban dispuestos a retirar los cargos criminales. “Prácticamente hemos terminado con nuestra revisión de este asunto”, escribió Arrojo.

En una declaración a The Herald, Rivera declaró que “rechazó por completo” la oferta.

“Al saber que no hice nada incorrecto, les dije que los vería en corte”, manifestó Rivera en una entrevista telefónica posterior. “Nunca me permitiré ser intimidado o extorsionado por nadie, incluyendo el fiscal estatal”.

Mientras tanto, la comunicación entre los agentes del FDLE y los fiscales de Miami-Dade se redujo al mínimo.

El 26 de octubre —dos semanas después del arreglo que se le ofreció a Rivera— Rundle le dijo a Bailey, el comisionado del FDLE, que su personal “revisaba aún los hechos” y no había decidido aún si acusaba a Rivera, revelan los documentos del FDLE.

Una semana después, Bailey le escribió a Rundle una carta en que le urgía acelerar el caso, pero la fiscal estatal no respondió en más de dos meses. Rundle le dijo posteriormente a Bailey que la carta se extravió durante los días feriados.

El 21 de marzo, Cindy Sanz, supervisora del FDLE, le pidió una actualización a Arrojo, pero no recibió respuesta. Dos semanas después, le escribió nuevamente al fiscal.

“Como no he escuchado de usted, presumo que no ha habido progreso”, escribió Sanz. “Como usted y la señora Rundle han ya indicado que su oficina no intenta acusar al Sr. Rivera, el FDLE ha cerrado la investigación”.

Arrojo urgió entonces al FDLE a no divulgar ninguna información a la prensa, al alegar que la investigación estaba “aún en la etapa final”, muestran correos electrónicos. Pero un abogado del FDLE afirmó que era difícil considerar que el caso era una investigación activa, lo que hace los documentos inaccesibles al público, porque “no está pasando nada”.

El 18 de abril, el abogado del FDLE informó a la oficina de Rundle que el FDLE estaba dando a conocer documentos de la investigación a los reporteros que hacían preguntas sobre el caso. La oficina de Rundle cerró oficialmente la investigación ese mismo día, dando a conocer un memorando de 16 páginas explicando por qué no se presentaron cargos.

“Sería de gran ayuda a los fiscales en estos tipos de investigaciones y suministraría una guía más clara a los candidatos si se revisa la ley”, escribieron Arrojo y Rosen al resumir los 18 meses de investigación. “Nos hemos enfrentado al hecho de que un funcionario electo, durante un período de muchos años, puede vivir esencialmente de una combinación de contribuciones [políticas]… mientras evita las sanciones penales”.