Washington- -- La situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela ha empeorado desde 2008 por una serie de medidas que han contribuido a la “concentración y abuso de poder” del presidente del país, Hugo Chávez, indica un informe publicado hoy por la organización “Human Rights Watch” (HRW).

“La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los derechos humanos han dado al Gobierno de Chávez carta blanca para intimidar, censurar y procesar a venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política”, asegura HRW.

A menos de tres meses para los comicios presidenciales, el próximo 7 de octubre, HRW considera que “la situación de derechos humanos en Venezuela se ha vuelto aún más precaria” desde 2008, cuando la ONG publicó su anterior informe sobre el país.

La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, ha ampliado los poderes de Caracas para “limitar la libre expresión y castigar a sus críticos” y el Tribunal Supremo ha rechazado de forma “explícita” el concepto de separación de poderes e independencia jurídica y se ha volcado en promover la agenda política del mandatario.

El Supremo, además, se ha unido a Chávez en el rechazo de la autoridad del sistema interamericano de derechos humanos y sus fallos, en repetidas ocasiones, han “validado el desprecio del Gobierno hacia las normas internacionales de los derechos humanos”.

El caso de la jueza María Lourdes Afiuni, en arresto domiciliario desde febrero de 2011, a la espera de juicio, es “el ejemplo más alarmante de la falta de independencia judicial en Venezuela”, y de cómo el Gobierno de Chávez ha “neutralizado” al poder judicial como garante de los derechos, se explica en el documento, de 121 páginas.

Afiuni, calificada por Chávez de “bandida”, fue acusada de la “presunta comisión de abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y corrupción propia” tras otorgar la libertad condicional a un banquero crítico con el Gobierno que llevaba tres años detenido, sin juicio, por cargos de corrupción.

HRW también cita el caso del líder antichavista y exgobernador del estado Zulia (oeste), Oswaldo Álvarez Paz, detenido en marzo de 2010 tras declarar al canal de televisión privado Globovisión que el Gobierno de Chávez violaba presuntamente los derechos humanos y tenía vínculos con el terrorismo y el narcotráfico.

Álvarez Paz fue condenado a dos años de prisión en julio de 2011 y, aunque un juez le permitió cumplir su pena en libertad condicional, su caso y otros de alto perfil demuestran que Chávez y sus simpatizantes “están dispuestos y son capaces de castigar a quienes desafían u obstruyen sus objetivos políticos”, según HRW.

La organización advierte de que, en vez de fomentar el pluralismo y la libertad de expresión, el Gobierno ha ampliado y abusado de sus poderes “para censurar a sus críticos”.

En ese sentido, criticó tanto la multa de 2,1 millones de dólares impuesta a Globovisión por su cobertura de una crisis carcelaria en junio de 2011, como la causa contra su presidente, Guillermo Zuloaga, acusado en 2010 de “usura y acaparamiento” de autos.

Zuloaga, que ha denunciado públicamente la represión de los medios, reside en EEUU y es considerado un prófugo de la Justicia.

El Gobierno de Chávez ha usado su “autoridad regulatoria” para aumentar el número de medios de comunicación favorables al Gobierno y reducir a los que lo critican, se señala en el documento.

Así, ha ampliado de uno a seis los canales de televisión bajo control estatal -todos con clara línea chavista- y ha usado con fines partidistas la promoción para crear estaciones de radio comunitarias, en particular en zonas marginadas.

Además, añade HRW, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos por desacreditar a los activistas de derechos humanos, tras aumentar los poderes para sancionar a ONG que reciben fondos extranjeros.

HRW recomienda numerosas medidas para ayudar a restablecer la independencia judicial, fortalecer la libertad de expresión, frenar los ataques contra defensores de derechos humanos, y cumplir con las normas del sistema interamericano de derechos humanos.