Parecería imposible, pero han empeorado las condiciones del edificio de apartamentos en La Pequeña Habana que fue declarado como un peligro para ese barrio la semana pasada.

Al menos una decena de inquilinos y desamparados rehusan mudarse del deteriorado edificio en el 402 de la avenida 12 del noroeste, aunque tiene más de una semana sin agua. El propietario no ha sellado las entradas, por lo cual las autoridades consideran que literalmente se ha hecho una invitación a los saqueadores.

“La Ciudad cree que la propiedad está siendo ocupada por inquilinos ilegales y que existe un elemento delincuente que está afectando la salud, seguridad y el bienestar de la comunidad”, escribió el martes Victoria Méndez, una abogada de la Ciudad de Miami, en una carta al propietario y a la institución financiera que controla la hipoteca.

Ahora, las autoridades han dado al propietario, Richel Y. Abboud, y a Lehman Brothers Small Business Finance, 30 días para responder a las múltiples violaciones de código. Si no cumplen con el mínimo requisito de sellar las entradas, la Ciudad llevará ambas partes ante la corte.

Mientras tanto, el edificio está en un camino de inexorable deterioro. La tarde del miércoles, el inspector municipal Reinaldo A. Benítez caminó por los malolientes pasillos del edificio que fue condenado el pasado viernes.

Benítez notó que habían desaparecido lavamanos y equipos e instalaciones eléctricos de las paredes. En algunos apartamentos, alguien había cortado las rejas de metal para llevarse las unidades de aire acondicionado.

“Esto es el canibalismo de un edificio”, dijo Benítez, quien supervisa el programa de edificios peligrosos.

La base de madera del edificio se está pudriendo, lo cual ha desnivelado el piso. Tubería rota en la segunda planta ha causado goteras en algunas unidades, creando un ambiente ideal para el moho. El edificio carece de extinguidores y alarma para los incendios desde hace mucho.

“Es obvio que el dueño del edificio no había hecho nada aquí desde hace años”, dijo Benítez.

Sin embargo, hasta hace pocos meses los inspectores del programa federal del Plan Ocho habían aprobado las condiciones de cinco unidades. Dos mujeres y tres hombres, de 68 a 89 años, vivían en estos apartamentos, dijo Annette Molina, vocera del Departamento de Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario del Condado Miami Dade.

Finalmente, en marzo, los inspectores se enteraron de que las unidades no cumplían con los requisitos federales del Housing Choice Voucher Program. Poco después, el gobierno dejó de pagar el subsidio regular para el alquiler de estas cinco personas de bajos ingresos.

Las autoridades condales no han podido explicar cómo estos apartamentos pasaron las inspecciones anteriores. El Nuevo Herald ha pedido la documentación relacionada con las inspecciones de los últimos dos años.

Una de las inquilinas que tenía el Plan Ocho en el edificio ofreció una explicación a Benítez mientras caminaba con una reportera de El Nuevo Herald.

“Desde el momento que pones el pie aquí, esto no pasa la inspección. Los inspectores se vendían al dueño”, dijo.