BUENOS AIRES -- La administración pública de Argentina estará obligada a adquirir combustible o utilizar servicios bancarios y aéreos de las empresas estatales o nacionalizadas, según varios decretos presidenciales publicados el jueves en el Boletín Oficial.

El gobierno de Cristina Fernández estableció que el sector público debe contratar a YPF, recientemente expropiada al grupo español Repsol, para la provisión de combustibles y lubricantes y a las compañías estatales Aerolíneas Argentinas y Austral para pasajes de vuelos de cabotaje e internacionales, indicó la página oficial en la web.

Además deberán pagar los salarios mediante el estatal Banco Nación, la mayor entidad bancaria del país, y adquirir los vehículos a través de contratos de leasing (alquiler con derecho a compra) con Nación Leasing S.A (de ese banco), puntualizó la nota.

En todos los decretos se aclara que se respetarán los contratos vigentes con otras empresas pero a su término no serán prorrogados.

Según las nuevas disposiciones, la jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Abal Medina, centralizará la contratación de los servicios de telefonía celular y transferencia de datos de toda la administración pública.

Todos los organismos deberan informar mensualmente a la jefatura de Gabinete “sobre la totalidad de los traslados efectuados durante el período por vía aérea”.

El gobierno argentino expropió este año el 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF a la española Respol, mientras que cuatro años antes había reestatizado a Aerolíneas Argentinas que era controlada por el grupo español Marsans.