Varios médicos, enfermeras y otros residentes de La Habana se encuentran bajo investigación por supuestamente tratar a pacientes que pagan por debajo de la mesa en hospitales públicos y administrar salas de recuperación de postcirugía en casas privadas, de acuerdo con informes desde Cuba.

Entre los que se ha reportado que son interrogados por la policía están miembros del personal médico del Hospital Calixto García, construido a principios del siglo XX cerca de la Universidad de La Habana.

El caso subraya los crecientes informes sobre lo mal pagados que se encuentra el personal médico cubano que trata a pacientes que pagan por debajo de la mesa a fin de recibir un mejor cuidado del que reciben de un deteriorado sistema público de salud, la única alternativa legal en la isla.

Los cubanos que viven en el sur de la Florida pagan a menudo para mejorar el tratamiento de sus parientes en la isla, dijo el médico Julio Alfonso, residente en Miami. También pagan para recibir tratamiento durante visitas al país para evitar los altos costos de la salud en Estados Unidos.

Un exiliado que vive en Estados Unidos dijo que su familia pagó $500 para que su suegro pudiera recuperarse después de una operación de peritonitis en una casa privada, con enfermeras a tiempo completo y camas tipo hospital. La fuente pidió el anonimato debido a que el arreglo era ilegal.

Las clínicas privadas “pueden no cumplir todas las condiciones sanitarias requeridas, pero no dudo de que tienen mejores condiciones” que muchos hospitales públicos, agregó Alfonso, quien encabeza Solidaridad sin Fronteras, un grupo formado principalmente por médicos cubanoamericanos.

Los médicos en Cuba, donde el gobierno controla todo el sistema de salud, han suministrado desde hace mucho un mejor tratamiento a pacientes que les dan “un pequeño regalo”, dijo el padre de una ginecóloga en las afueras de La Habana. “Pero eso era cuestión de un puerco o un pollo”.

Pero después que la Unión Soviética puso fin a sus subsidios masivos a la isla a comienzos de la década de 1990, el sistema de salud se deterioró y el personal médico comenzó a ofrecer procedimientos más complejos para obtener efectivo, usualmente dólares.

Los medios de comunicación de Cuba controlados por el gobierno no han informado del caso del Calixto García, aunque los informes sobre las detenciones han estado circulando desde hace varias semanas en La Habana. La British Broadcasting Corporation (BBC) y los blogs Havana Times y Diario de Cuba publicaron el jueves y el viernes respectivas notas sobre el caso.

Elizardo Sánchez, un activista de derechos humanos residente en La Habana, dijo que ha confirmado versiones de que de cinco a 12 miembros del personal médico fueron interrogados y enviados luego a sus casas para esperar las decisiones de los investigadores. Se alega que realizaron procedimientos relativamente sencillos, como cirugías plásticas y abortos, a pacientes que les pagaron en hospitales públicos.

Fernando Ravsberg, corresponsal de BBC en La Habana, destacó el caso del Calixto García y escribió que “toda la clase política tiene alguna parienta o amiga que se ha hecho una liposucción o puesto implantes mamarios”, presumiblemente pagándolos.

Este caso supuestamente involucró procedimientos que ocurrieron de noche, escribió Erasmo Calzadilla, bloguero de Havana Times. Los choferes de ambulancia llevaban después a los pacientes a los centros de cuidado de postcirugía en casas privadas.

Darsi Ferrer, un médico de La Habana y disidente que llegó el mes pasado a Miami, dijo que los tratamientos médicos por debajo de la mesa han estado en boga por largo tiempo, “día a día”, entre el personal médico de los hospitales públicos.

Los cirujanos ganan unos 600 pesos al mes – unos $21 – y los hospitales deben pedir a menudo a sus pacientes que traigan sus propias sábanas, jabón y bombillos. Las enfermeras hacen dinero extra por inyectar en las casas, y los dentistas cobran por debajo de la mesa por la anestesia.

El año pasado, 13 administradores y miembros del personal en el hospital siquiátrico de La Habana, popularmente conocido por Mazorra, fueron sentenciados de cinco a 15 años de prisión por la muerte de 26 ancianos durante una ola de frío en el 2010. El personal supuestamente había robado comida, cobijas y suministros médicos que habían sido destinados a los pacientes.