Caracas -- La Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de Venezuela tomó hoy el control de la cárcel del occidental estado Mérida tras un mes de conflicto que dejó una veintena de muertos, informaron autoridades gubernamentales.

La GNB “retomó en horas de la madrugada el control total y absoluto” del Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra) en una operación castrense durante la cual “no ocurrieron fallecimientos”, escribió el jefe de prensa del Ministerio del Interior, Jorge Galindo, en la red social Twitter.

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, informó a su vez que en el transcurso del día se darán detalles de la crisis cuyo epílogo registró, adelantó a la emisora VTV de la red estatal de televisión, la “rendición total de los violentos”.

“Se ha solventado la situación, los líderes negativos de ese penal ya están bajo las órdenes de la autoridad”, añadió la ministra y prometió que el penal, “de ahora en adelante”, será “un centro penitenciario que va a estar libre de todo tipo de arma, de todo tipo de situaciones como esta que acabamos de vivir”.

La crisis en el Cepra se inició hace más de 20 días y según el diputado opositor William Dávila, miembro de una “comisión especial” designada esta semana por la Asamblea Nacional para tratar esta situación, registró durante el mes 22 muertos y más de 60 heridos.

La ministra confirmó que durante la crisis también hubo un alumbramiento y explicó que la madre de la recién nacida “había entrado de visita y permanecía allí secuestrada” por los “líderes negativos de ese penal”.

La crisis arrancó con un motín en demanda de la suspensión de traslados de algunos reos a otros centros penitenciarios, lo que, según organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito carcelario, desembocó en una intervención paulatina de la GNB que fue tomando el control de la cárcel de manera progresiva.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), formado por varias ongs, asegura que el año pasado se registraron 560 muertos y 1.457 heridos en las 35 cárceles del país, que tienen capacidad para unos 14.500 presos, pero albergan a unos 45.000.