Caracas -- El Gobierno venezolano anunció hoy el final de un motín que comenzó el 22 de junio pasado en una cárcel de Mérida, en el oeste venezolano, y que terminó con un asalto de la policía militarizada, aunque aún no hizo balance de una crisis que según distintas fuentes se cobró una veintena de muertos.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) logró esta madrugada, tras una reconquista progresiva, “el control total y absoluto” del Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra) en un asalto en el que “no ocurrieron fallecimientos”, dijo en Twitter el jefe de prensa del Ministerio del Interior, Jorge Galindo.

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, informó a su vez al canal estatal de televisión VTV que el motín terminó con la “rendición total de los violentos”, cuyo número tampoco precisó.

El penal del estado Mérida albergaba a 1.200 reos y días atrás habían sido “rescatados”, según el Gobierno, 935 internos.

“Se ha solventado la situación, los líderes negativos de ese penal ya están bajo las órdenes de la autoridad”, añadió la ministra y prometió que “de ahora en adelante” el penal será “un centro penitenciario que va a estar libre de todo tipo de armas, de todo tipo de situaciones como esta que acabamos de vivir”.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios anunció una rueda de prensa para hoy que se ha ido posponiendo sin explicaciones de las autoridades.

La Fiscalía dijo en un comunicado que el motín “se inició el 22 de junio cuando un líder de los reclusos, apodado ”El Ever“, tomó las instalaciones del Cepra, incluyendo el anexo femenino y trasladó a las internas a pabellones masculinos”, detalló la Fiscalía.

Tras “varias conversaciones telefónicas con fiscales” que comenzaron el 2 de julio, el líder del motín, Ever Zambrano, alias “El Ever”, “accedió entregarse” al recibir garantías de respeto a su “integridad física y derechos”, agregó la Fiscalía.

Ni ésta ni las dos fuentes ministeriales aludieron a las cifras de muertos.

Según varias ONG venezolanas que actúan en el ámbito penitenciario, al menos 18 reos fallecieron desde el 2 de julio en el Cepra, cifra que el diputado y exgobernador de Mérida William Dávila, miembro de una comisión de la Asamblea Nacional creada para seguir la crisis, elevó a 22.

El legislador opositor dijo a Efe el viernes que tenía noticia de 22 muertos y más de 60 heridos en el transcurso del mes.

Aseguró haber visto además fotos del “arsenal” en poder de los reos de la cárcel que incluye, según dijo, granadas, pistolas, fusiles y revólveres, y reveló que pidió “una investigación imparcial, exhaustiva y profunda” para determinar “por qué se ha permitido” tal cosa.

La versión digital del diario Panorama aseguró que “los restos de seis reclusos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados por las autoridades” al finalizar el motín.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, declaró a Efe el viernes tener constancia de 18 presos fallecidos y unos 70 heridos, dos de ellos graves.

En lo que va de año, Venezuela ha vivido varias crisis carcelarias, una de ellas en marzo en la misma prisión de Mérida, con un balance, según varias ONG, de al menos siete muertos.

El Gobierno ha admitido que tiene “un grave problema” para controlar las prisiones por el ingreso de armas y todo tipo de elementos, aunque asegura que está tratando de reestructurar el sistema carcelario.

La ministra ha acusado a las ONG de actuar como los partidos opositores y mantener posiciones que “rayan en el fascismo” al pedir “mano dura” y censurar la actuación ministerial “de respeto a los derechos humanos” de los reclusos.

El OVP, formado por varias ONG, asegura que el año pasado hubo 560 muertos y 1,457 heridos en las 35 cárceles del país, que tienen capacidad para unos 14.500 presos, pero albergan a unos 45,000.