BOGOTA -- El alcalde de Bogotá, el ex guerrillero de izquierda Gustavo Petro, acudirá este martes ante el Consejo de Estado para enfrentar una demanda de pérdida de investidura que al cabo de 20 años de actividad política legal pone en entredicho su cargo en la capital colombiana.

Petro, de 52 años, asumió la alcaldía de Bogotá el 1 de enero pasado con el movimiento de izquierda Progresistas, y se constituyó en ejemplo de la carrera política que puede alcanzar un ex guerrillero en Colombia, país aún aquejado por un conflicto armado de casi medio siglo.

Desde la desmovilización en 1990 de la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19), de la que fue militante y que benefició de una amnistía, este político ha sido representante a la Cámara (baja) y senador en varias ocasiones, además de candidato a la presidencia en el 2010.

Pero ahora enfrenta una demanda de pérdida de investidura por una condena de los tiempos en que fue guerrillero.

“El alcalde estará presente en la audiencia ante el Consejo de Estado. No va a hacer ninguna declaración sobre el tema hoy (lunes)”, dijo a la AFP Jorge Fontanilla, vocero de la alcaldía.

El Consejo de Estado es la máxima instancia de justicia administrativa en Colombia. Esá previsto que este martes reciba en audiencia pública a las partes, para que luego se redacte un proyecto de fallo que deberá ser votado en sala plena.

Aunque no hay un plazo estipulado para el fallo definitivo, se cree que el proceso puede terminar en unos 30 días, indicó una fuente del Consejo de Estado.

La demanda contra Petro fue presentada por Orlando Parada, un concejal por Bogotá del partido de La U (oficialista, de derecha) que en el pasado intentó sin éxito impedirle al exguerrillero la postulación presidencial del 2010 y su candidatura a la alcaldía capitalina al año siguiente.

Pero el caso que enfrenta ahora es inédito para la justicia colombiana, pues se trata de una demanda de pérdida de investidura como congresista, cargo que dejó de ostentar hace dos años, explicó a la AFP el jurista José Gregorio Hernández.

“Lo que se le pide al Consejo de Estado es que analice si cuando Petro fue congresista se posesionó con una inhabilidad política o si por el contrario se posesionó de acuerdo a derecho”, señaló el experto.

“Es importante que el Consejo de Estado establezca si es posible determinar una pérdida de investidura para cargos ejercidos en el pasado, pues declarada a posteriori no tendría otro sentido que condenarlo a la ‘muerte política’”, dijo Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional.

El debate gira en torno a si la amnistía concedida al M-19 amparó a Petro también en la condena de 1985 a 18 meses de prisión por porte ilegal de armas.

“Petro fue cobijado por un indulto respecto a los posibles delitos cometidos cuando era guerrillero. Creo que por definición un guerrillero porta armas y no pide salvoconducto. Me parece que en este caso no existe propiamente una causal para la pérdida de investidura”, opinó Hernández.

Para el politólogo León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arcoiris, que estudia el conflicto armado de Colombia, y él mismo un ex guerrillero del guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), el trasfondo en la demanda contra Petro “es un ambiente que crece en oposición a los procesos de paz, incluso los del pasado”.

“Se les ataca en todos los campos: el político y el judicial. Petro es un símbolo de esos procesos de paz, porque es el dirigente que ha llegado más lejos”, afirmó Valencia.

La demanda contra Petro ocurre en medio de tensiones políticas debido a la aprobación en el Congreso de una iniciativa conocida como “marco legal para la paz” que permitiría futuros diálogos con las guerrillas aún activas en Colombia, así como la suspensión de penas para sus comandantes.