Tres muertes horripilantes en el South Florida State Hospital (Hospital Estatal del Sur de la Florida), administrado de forma privada, provocó una investigación que reveló preocupaciones de que los empleados estaban medicando en exceso a los pacientes y no llamaron la línea de abuso del estado luego de que un paciente muriera en una bañera con agua extremadamente caliente, según documentos obtenidos por The Associated Press.

Funcionarios estatales pidieron una revisión de la institución “en respuesta a sucesos significativos en los últimos meses”, incluyendo las muertes. El estado revisó además casos de individuos que habían sido incomunicados y atados múltiples veces y otros incidentes en el hospital, pero el informe ofreció pocos detalles sobre dichos incidentes.

El hospital de 335 camas, ubicado en el condado Broward, es operado por The GEO Group Inc., una firma con sede en Boca Raton que es una de las mayores operadoras privadas de prisiones y centros de detención del mundo. Muchos de los pacientes padecen enfermedades mentales y son ingresados contra su voluntad porque se les considera una amenaza a los demás o a sí mismos. Algunos son ingresados porque no están aptos para ser juzgados, pero no tienen que estar en una institución de alta seguridad.

El estado ha pagado a la compañía más de $500 millones para administrar el hospital desde 1998. Fue uno de los primeros hospitales psiquiátricos civiles estatales en Estados Unidos en ser operados por completo por una compañía privada.

GEO opera otras tres instituciones en la Florida: el Centro de Detención Civil de la Florida en Arcadia, que da tratamiento a delincuentes sexuales; e instituciones de salud mental en Indiantown y Florida City para pacientes que no están aptos para ser juzgados o han sido declarados inocentes por enajenacion mental.

La compañía, conocida anteriormente como Wackenhut Corrections Corp., ha estado buscando activamente administrar más negocios en el estado, presionando durante los últimos dos años a la Legislatura estatal a que privatice más de dos docenas de cárceles y campamentos de trabajo en el sur de la Florida.

Pero, hasta el momento, la compañía ha tenido poco éxito. Un intento inicial de privatizar las cárceles del sur de la Florida en el 2011 fue derogado por los tribunales, y un segundo intento esta primavera no consiguió ganar suficientes votos en el Senado.

David Wilkins, secretario del Departamento de Niños y Familias (DCF), dijo que su agencia está negociando de nuevo el contrato de GEO. Se exigirá que sus instituciones tengan a un investigador del DCF in situ, una práctica ya en vigor en las administradas por el estado.

Wilkins dijo que GEO ha cumplido con un plan de acciones correctivas, y elogió la institucion, que cuenta con un ambiente más terapéutico en comparación con otras instituciones administradas por el estado, que según él son frías y burocráticas.

Las muertes tuvieron lugar en un período de dos meses.

– En agosto del 2011, Loida Espina murió luego de que su cabeza fuera tal vez golpeada de modo que atravesó una pared.

Un empleado la encontró y la acostó. El empleado regresó luego y la encontró insensible. El informe no pone en claro si alguien realmente empujó a Espina de modo que su cabeza atravesó una pared o si se dijo que había sido otro paciente o un empleado. GEO se negó a dar detalles.